Continúan las reacciones. La decisión del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, de dejar al margen a dos de los principales responsables de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz y Esteban Armas, de la elaboración de informes de compatibilidad en relación con licencias vinculadas a Montaña Roja, en Yaiza, siguen dando que hablar. Este lunes el empresario Alfredo Díaz, afectado por otro pleito judicial del Cabildo contra su establecimiento y que en su día tuvo que recurrir las licencias concedidas a dos hoteles de Puerto Calero sobre los que el Cabildo retiró sus recursos ya interpuestos, ha denunciado este lunes el "doble rasero" mostrado a su parecer por parte de la Primera Corporación insular en anteriores legislaturas.
"A unos se les trata de una manera, a otros de otra", señaló en Crónicas Radio. "Donde digo digo ahora digo diego; todo se hace dependiendo de quién sea el que solicita el asunto, se le hace un informe adecuado, o negativo, o se le pone el pleito o se le retira. Dependemos solo del capricho del político, lo que solo conlleva una inseguridad jurídica total, y con la que no se puede trabajar", explicó.
Alfredo Díaz considera que "es evidente que ahí hay algo que está funcionando mal". El empresario recordó que son los mismos técnicos que en su día dieron por buenas las licencias de dos establecimientos hoteleros de Puerto Calero, que cumplían perfectamente con la legalidad y que se les podía retirar el pleito del Cabildo insular de Lanzarote. "Ahora firman otro informe en el que señalan que estos dos hoteles no cumplen con la legalidad", sostuvo.
Además, el promotor añadió que en junio de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó a estos dos técnicos por un "engaño judicial" en la adjudicación del Plan Territorial Especial (PTE) de Ordenación Turística, con lo que, a su juicio, "ya tienen un buen historial de actuaciones irregulares en su haber".
La decisión del presidente del Cabild de apartar a los dos técnicos se ampara en la petición formulada por un promotor, quien entiende que estos técnicos están supeditados al vínculo que mantuvieron con la Fundación César Manrique (FCM), entidad que ha acudido a la vía judicial, al igual que el propio empresario Alfredo Díaz en su día, para evitar la proliferación de nuevas camas turísticas.
