El movimiento social y político Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) ha lamentado la decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigida por José Miguel Pérez, y de la que la lanzaroteña Manuela Armas es viceconsejera, de despedir a un trabajador que impartía clases de religión en Lanzarote por haber contraído, este, matrimonio con un hombre.
A juicio de la formación asamblearia, tal y como expone Alternativa en un comunicado de prensa, "se trata de una medida propia de otros tiempos, además de una intromisión inaceptable en la vida sentimental de un trabajador que ha ejercido libremente sus derechos como ciudadano, de acuerdo a las leyes vigentes". Para Alternativa, la Consejería, como ente público, "no debió haber cedido ante la presión de la Jerarquía eclesiástica de discriminar a un trabajador por razones de orientación sexual".
A juicio de Alternativa Ciudadana, en este caso se dan dos circunstancias, y ambas demuestran, en cierto modo, "la hipocresía del Partido Socialista en su discurso respecto a la no discriminación de personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)".
Por un lado, indican desde las filas asamblearias, respecto al caso concreto del profesor de religión de Lanzarote, la propia Consejería del Gobierno de Canarias reconoció en verano, tras recibir el trabajador una carta de "no idoneidad", que estudiaría el caso antes de tomar una decisión. Considera Alternativa Ciudadana que esa "reflexión" ha desembocado "en el peor de los resultados, puesto que ha terminado cediendo ante posturas retrógradas y que menoscaban los derechos ciudadanos reconocidos por la ley".
Distinguir entre el ámbito religioso y el público
Por otra parte, Alternativa Ciudadana considera que existe un problema de fondo y es que la Jerarquía eclesiástica "sigue interfiriendo, en un Estado supuestamente aconfesional como el español, en ámbitos fundamentales para la comunidad, como es la educación pública". En este sentido, la formación apuesta por la total separación entre la Iglesia y el Estado.
"La idoneidad o no de un trabajador público nunca puede depender de su vida sentimental o su orientación sexual, y este problema se sigue produciendo porque tanto PP como PSOE, en sus sucesivos gobiernos, han mantenido intactos acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que datan de la década de los 70 e, incluso, de la dictadura", manifiestan desde Alternativa.
En este sentido, el movmiento asambleario vuelve a arremeter contra los dos grandes partidos que han gobernado en el Estado, PP y PSOE, "que han preferido pasar por el aro en vez de poner por delante el respeto a los derechos conquistados por todos; un hecho especialmente sangrante en el caso del Partido Socialista, puesto que choca de frente con su discurso respecto a los derechos de las personas LGTB".
Finalmente, Alternativa Ciudadana se solidariza con este trabajador ante un despido "que atenta contra sus derechos individuales y constituye una muestra de discriminación absolutamente condenable".
