Alternativa Ciudadana (AC-25M) ha denunciado este martes a través de una nota de prensa lo insólito que les parece que el Ayuntamiento de la capital haya adjudicado un pleito por valor de 5 millones de euros a un abogado que presentó una oferta por el trabajo de 10.000 euros, oferta que se creyó en principio que podía ser una baja temeraria pero que finalmente se dio por buena.
En su nota recuerdan que el pasado 28 de octubre el alcalde, Manuel Fajardo, firmó un decreto de formalización de un contrato de prestación de servicio para adjudicar “la defensa jurídica en el procedimiento ordinario 238/2013 tramitado en el juzgado de lo contencioso-administrativo Nº 2 de Las Palmas” con un presupuesto de licitación máximo de 60.000 euros y 4.200 euros en concepto de IGIC. El objetivo de esta contratación tiene que ver con el contrato de permuta financiera (SWAPS) que en el año 2004 se firmó entre el Ayuntamiento de Arrecife y el Banco Santander.
Alternativa explica que a este concurso, negociado sin publicidad, se presentaron tres empresas: Ignacio Calatayud Prats, Romero y Tejedor Abogados SL y Antonio López- Socas. "Este contrato, después de los informes pertinentes, sorprendentemente se le adjudica a Ignacio Calatayud Prats por valor de 10.700 euros, un 83,83% por debajo de la otra oferta planteada", explican sorprendidos, asegurando que les llama sobre todo la atención cómo se justifica un importe tan bajo con respecto a las otras ofertas.
En la contestación a la duda de una posible baja temeraria el abogado justifica el bajo importe por el hecho de que por parte del Consejo Consultivo de Canarias se había dado el visto bueno a informes y dictámenes en relación con el contrato de los SWAPS, lo que implica que la dedicación sería menor. Además, expuso que no cuenta con personal a su cargo y realiza el trabajo desde casa, recordando además que los honorarios marcados por el Colegio de Abogados son orientativos.
Alternativa insiste en mostrar su sorpresa por lo sucedido, puesto que hasta el momento el grupo de gobierno había dicho para contratar a los abogados que lo importante era que fueran los mejores, sin importar el precio. "En esta ocasión y ante la posibilidad de perder cinco millones de euros por parte del Ayuntamiento, se toma con este nuevo criterio, el mas barato. Este nuevo criterio nos recuerda la moción aprobada recientemente por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el pleno, que era la de sacar a concurso publico los servicios jurídicos de esta corporación. Estamos esperando a que esto suceda".
