El primero que apretó el botón de emergencia fue el nuevo alcalde de Garafía, en La Palma, hace un par de semanas. Una deuda de 1'6 millones de euros -más de la mitad del presupuesto anual- tiene atenazado al municipio, y sus empleados no habrían cobrado julio si no es por el adelanto de dos subvenciones. "Garafía es un municipio de gran tamaño donde apenas existe iniciativa privada, y en cambio tenemos que atender a una población muy envejecida", comenta su regidor, Yeray Rodríguez. El Consistorio tiene 50 trabajadores en plantilla, más los que están por subvenciones. En total 77, contando con el alcalde y cuatro concejales. En un pueblo de solo 1.700 habitantes.
Varios consistorios de la misma isla incluyendo la capital, Santa Cruz, no pueden pedir más créditos ni aunque lo precisen urgentemente. La razón es una deuda de 25 millones. Una situación "bastante crítica", según el presidente en funciones de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Lázaro Brito.
La deuda total de los ayuntamientos canarios supera los 800 millones, y la peor parte se la llevan los de menos de 5.000 habitantes. Apenas recaudan de los impuestos, y la población envejecida necesita de sus servicios sociales. Son más de 20, pero los más endeudados, además de Garafía, son Puntallana, Barlovento, San Andrés y Sauces, Puntagorda, Fuencaliente y Tijarafe (La Palma), El Pinar y Frontera (El Hierro), Vallehermoso y Agulo (La Gomera), Los Silos, Buenavista de Norte y Vilaflor (Tenerife) y Betancuria (Fuerteventura), todos con una deuda superior a 300 euros por habitante, según datos del Ministerio de Economía a 31 de diciembre de 2010.
Betancuria merece un capítulo aparte. Es el municipio menos poblado del Archipiélago -823 personas-, pero tiene una de las deudas más altas de España. Nada menos que 2.950 euros por habitante. Su alcalde ya ha tenido que reunirse con el Cabildo para evitar la bancarrota. Diversos municipios como Barlovento (La Palma) Gáldar e Ingenio (Gran Canaria) han aplicado expedientes de regulación de empleo, y la mayoría pretende reducir gastos de personal.
"La solución está en fortalecer a los Cabildos y agrupar ayuntamientos. En El Hierro y La Gomera se pueden hacer cargo solo los Cabildos sin duda, y en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, probablemente, conservando algunos ayuntamientos. En Gran Canaria y Tenerife bastarían cuatro comarcas y el Cabildo". La propuesta es de Rafael Esparza, sociólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que conoce la dificultad de poner en práctica algo así. "Es difícil de aplicar por las servidumbres que hay en los partidos, pero los gastos del Capítulo I (gastos de personal) se reducirían entre un 60 y un 70 por ciento". Eso son 900 millones, más de la deuda total de los ayuntamientos canarios.
Lo anterior no es una ocurrencia. En distintos foros de debate se viene comentando desde hace tiempo la necesidad de simplificar la administración canaria. En declaraciones del alcalde de Las Palmas de G.C. recogidas en la prensa, un lector comenta: "Fíjense hasta qué punto son innecesarias tantas administraciones que algunos políticos duplican su trabajo. P.ej. Bravo de Laguna, Ayuntamiento-Cabildo, Casimiro Curbelo, Cabildo-Senado". Otro lector es claro sobre la división comarcal, que enlaza con la propuesta de Esparza: "Norte, Centro y Sur, con la capital aparte. Solo se necesitan 4 ayuntamientos".
Para Juan José Benítez de Lugo, presidente del Gabinete Literario de Las Palmas y de la Asociación de Clubes de Gran Canaria (Asoclub), también está claro que hay que reducir ayuntamientos, "no solo en Canarias sino en toda España". Pone como ejemplo Italia, donde el Gobierno ha propuesto eliminar 34 provincias y 1.500 pequeños municipios. "No se les puede preguntar a los alcaldes si van a reducir ayuntamientos, siempre van a decir que no", argumenta. "Se trata de racionalizar. Cuando no se puede, no se puede. Póngase de acuerdo con el vecino y haga una mancomunidad", señala.
En su Informe Anual 2010-2011, el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) analiza la propuesta de reducir municipios, y aconseja "períodos de noviazgo" -mancomunar servicios- antes de proceder a fusiones municipales, tomando como referente el ámbito empresarial. La Palma, La Gomera y El Hierro son las islas señaladas, pues allí se concentran municipios pequeños y escasamenete poblados. "Los empresarios y los ciudadanos se quejan de cómo funciona la administración por las duplicidades de competencias y la maraña de trámites burocráticos", ha declarado el director del CES, el economista Fernando Redondo.
Reducir, ahorrar
Efectivamente, el último informe trimestral de la patronal tinerfeña acaba de poner el punto sobre la i, reclamando el fin de administraciones con competencias solapadas, que dificulta la inversión. "En la actualidad para muchos trámites es precisa la autorización de dos, tres y hasta cuatro administraciones diferentes, con la consiguiente duplicidad de actividades y ralentización de plazos", asegura el estudio.
Esto pone a los sindicatos con los pelos de punta. Pedro Moreno, de Comisiones Obreras, sitúa como prioridad seguir ofreciendo el servicio y garantizar el salario a los empleados. "Estamos hablando de servicios públicos esenciales, no se puede dejar de prestarlos". Lucy Rodríguez, coordinadora general de Intersindical Canaria, plantea lo contrario: recuperar los servicios públicos privatizados, además de eliminar las dietas a los concejales liberados por asistir a plenos, además de reducirles el sueldo hasta los 2.000 euros netos al mes.
El discurso del ahorro en altos cargos ha calado desde hace tiempo. En una información de prensa del pasado 24 de agosto, un lector asegura: "Parece que todavía no nos damos cuenta de que lo que sobra son asesores, directores, subdirectores, secretarios, subsecretarios, fundaciones y empresas públicas varias, oficinas parlamentarias y municipales, policía canaria, TVC, etc". Y otro: "Que legislen de una vez para evitar el despilfarro en asesores, cargos de confianza, control de los sueldos públicos y ya veran como se reduce el deficit".
"Es justo que la sociedad se replantee sus administraciones", señala el economista y experto en territorio Antonio González Viéitez. "No puede ser que según el cargo, cada político tire para donde esté. Si está en el ayuntamiento, municipalista a tope. Si está en el cabildo, insularista a tope. Si está en el Gobierno, nacionalista. Lo que hay que buscar es la equiparación de servicios entre distintos ayuntamientos", apunta el también ex diputado regional.
Los partidos prefieren mancomunar
Unos de los pocos alcaldes que se muestra favorable a la reducción de pequeños municipios es Juan José Cardona (PP), regidor de la capital grancanaria, porque al suyo no le afectaría. "La permanente superposición de administraciones públicas está llevando a una situación insostenible", opina el alcalde, que estaría dispuesto a ceder competencias si fuese necesario.
Pero los partidos no lo tienen tan claro. Muchos alcaldes y concejales militan en sus filas, y no están dispuestos a perder la cuota de poder obtenida en las pasadas elecciones de mayo. El presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, propone únicamente reestructurar la administración pública canaria para evitar el solapamiento de competencias. Ni una palabra sobre fusionar ayuntamientos. El diputado de CC en el Congreso, Fernando Ríos, aboga por "mancomunar servicios municipales" y "una cultura de la restricción del gasto".
De forma parecida opina José Manuel Soria, presidente del PP de Canarias. "Iba a ser difícil reducir municipios, pero sí se puede cambiar aquello para lo que están", opina. Soria es partidario de aglutinar servicios entre cabeceras de hasta 30.000 habitantes. También considera imprescindible aclarar la distribución entre administraciones. "Hay competencias como cultura, agricultura y deportes donde entran Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos", apunta.
En el PSOE, su secretario de organización, Julio Cruz, habla de mancomunar servicios a nivel insular y comarcal, compartir funcionarios y delimitar las competencias. "Los ayuntamientos han asumido funciones que no les corresponden para dar el servicio al ciudadano", señala. "El municipio es también la identidad de un pueblo, no se puede hacer manu militari. Los cabildos insulares son imprescindibles. Lo que tienen que hacer es cooperar más de lo que lo hacen".
Un claro ejemplo de duplicidad de competencias es con el territorio. Existen planes municipales (PGO) e insulares (PIO), además de normas autonómicas, nacionales y europeas. Para González Viéitez, "un ayuntamiento no significa nada en cuestión de territorio y ahí no tiene sentido una competencia municipal. Tanto si es un tema turístico como si es medioambiental, la competencia debe ser insular", opina el experto. Y añade que en este caso, simplificar no es desregular.
El Sureste grancanario
Para Viéitez, en Gran Canaria existe "una experiencia formidable" en este sentido. Se refiere a la Mancomunidad del Sureste, integrada por Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. "Hace 40 años era el triángulo del subdesarrollo, y ahora cuentan con la mejor gestión de aguas, basuras y energía de Canarias", comenta. Eso y la participación en numerosos proyectos europeos ha convertido a la comarca en un referente mundial como modelo de desarrollo sostenible.
Antonio Morales fue su primer presidente, y hoy continúa como alcalde de Agüimes. "En 1990 nos unimos para solucionar el grave problema del agua. Había que construir una desaladora, una depuradora, emisarios submarinos... No hubiéramos podido hacerlo solos", recuerda. Actualmente la Mancomunidad gestiona la recogida selectiva de basuras, la limpieza de las vías y el alumbrado público, además del agua. También ofrece servicios de atención al ciudadano y seguridad pública, y sus tres ayuntamientos siguen un criterio común para el cobro de tasas. Atiende a una población de 125.000 personas.
Para Morales, la mala situación de muchos consistorios se debe al exceso de trabajo. "Tenemos asumido un 30% de competencias tramposas, que no son nuestras". Aspectos como la seguridad, el mantenimiento de escuelas, la educación especial o la atención a las personas mayores "ante la dejación del Estado y las Comunidades Autónomas".
En Gran Canaria también están las mancomunidades del Noroeste y de Medianías. En Fuerteventura, la del Centro-Sur, y a nivel regional existe la de Municipios de Montaña no Costeros. En Lanzarote ya se lo están planteando: Teguise, Tinajo, Haría y San Bartolomé mantienen conversaciones para unificar servicios y ejecutar proyectos comunes. Candelaria, Güímar y Arafo, en Tenerife, contemplan mancomunar en breve el servicio de recogida de basuras en el valle.
Hasta dónde llegarán las medidas de ahorro y cuánto aguantarán los ayuntamientos es una incógnita por resolver. En el centro de Italia, el pueblo de Filettino, a 100 km. de Roma, acaba de acuñar su propia moneda en protesta por el plan del gobierno italiano de eliminar 1.500 ayuntamientos, a pesar de que la decisión no es definitiva. En Canarias, los 88 municipios federados en la FECAM también han alzado la voz, y ha sido para avisar de que o el Estado y el Gobierno regional aplazan una devolución de 500 millones, o se devolverán competencias como asuntos sociales o bomberos. La pelota está ahora en el Gobierno de Paulino Rivero.
