Comisiones de investigación

“Si desde luego consideramos que en el desarrollo de las negociaciones con la UTE Edam Janubio se han producido comportamientos anómalos, no le quede la menor duda de que se pondrán en conocimiento de quien tiene que ponerse”. Así de tajante se mostraba ayer el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, flamante presidente de la Comisión de Investigación del caso Janubio, constituida oficialmente ayer en la sede de la Comisión Insular del Agua para investigar lo ocurrido con el contrato firmado con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Fomento Construcciones y Contratas (FCC) y Servicios y Proyectos Medioambientales.

Unas palabras de Mario Pérez que estamos ya cansados de escuchar en esta legislatura pero que al final, por una causa u otra, nunca se han hecho efectivas.

Esperemos que en esta ocasión, aunque se trate de una comisión política que pretende determinar las responsabilidades que se pudieran derivar de las actuaciones de algunas personas dentro de Inalsa, al final cumpla con sus palabras y eleve a los juzgados los posibles “comportamientos anómalos” si los hubiera.

No puede ser que siempre tengamos que ‘pagar el pato' los contribuyentes. No puede ser que tengamos que sacar de nuestros bolsillo 10 millones de euros (166 millones de las antiguas pesetas) y no tengamos ni siquiera derecho a saber quiénes han sido los responsables de tremendo descalabro y por qué hemos llegado a esta situación.

No puede ser que descaradamente se hagan las cosas mal y después no haya responsables sino generalidades.

Todavía en nuestra memoria permanecen las palabras de Mario Pérez cuando se hizo cargo de la Consejería delegada de Inalsa y que continúa repitiendo hoy como si no hubiera pasado el tiempo.

Precisamente en una entrevista concedida al programa de Lanzarote Radio “El Despertador” de Agustín Acosta, el consejero delegado de Inalsa, aparte de desmentir las informaciones aparecidas acerca de las dificultades de Inalsa para pagar las nómicas a sus trabajadores y de las conversaciones que ha mantenido estos días con la Caja Insular de Ahorros y la Caja de Canarias para intentar desbloquear las cuentas de la empresa que al parecer fueron bloqueadas desde el momento en que se dio a conocer la noticia de la condena del laudo de 10 millones de euros, volvía a insistir en esas mismas palabras.

Entre logro y logro, el consejero delegado intercalaba frases como hemos superado una gestión dentro de Inalsa “que no debiera repetirse jamás” porque quienes gestionaron durante todo ese tiempo lo hicieron “pensando seguramente en otros intereses pero no en los intereses de Inalsa” o Unelco amenazaba todos los días con cortarnos el suministro eléctrico” porque se le debía tres o cuatro facturaciones”, o “hemos hecho lo que tenía que haberse hecho durante un montón de años porque se estaba mirando para otro lado”.

Todos recordamos la constitución del famoso Gabinete de crisis que después pasó a ser un Gabinete interdisciplinar que tenía como objetivo poner en marcha las 21 propuestas establecidas para reflotar una empresa que a principios de legislatura estaba en sus momentos más bajos, en quiebra técnica. Y efectivamente esas medidas se han ejecutado pero no aquellas palabras del consejero delegado, que sigue repitiendo ahora, de llevar a los juzgados aquellas actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito.

A ‘media lengua' seguimos criticando a los anteriores gestores, pero no nos atrevemos a dar los pasos necesarios y yo creo que lo que la gente espera es precisamente esto segundo. Ya está bien de decir este partido ha cometido tal tropelía o este otro, no, es necesario ir más allá. No se puede judicializar la vida política pero tampoco se puede dejar de acudir a la justicia cuando se cometen presuntos delitos que pongan incluso en peligro la continuidad de una empresa pública como Inalsa.

Ahora empieza una comisión de investigación formada por tres miembros del Comité de Empresa de Inalsa, un representante de los trabajadores en el mismo Comité, Manuel Plasencia y los representantes del PSC, Pedro Viera, de CC, Aquilino Romero; y de ApL, Sergio Machín; además de Mario Pérez como presidente. Como secretario actuará el secretario en funciones de Inalsa, Juan Manuel González.

Esperamos que ahora sí se hagan las cosas bien y que, independientemente de los miembros que la compongan al final, si se han producido “comportamientos anómalos” se ponga en conocimiento de los tribunales y no nos quedemos en una “gestión que no debiera repetirse jamás” o que “quienes gestionaron esta empresa lo hicieron pensando en otros intereses” , o “hemos hecho lo que se tenía que haber hecho durante un montón de años”.