Entre los artículos leídos en los últimos tiempos, hay uno que me impactó poderosamente y que he releído en numerosas ocasiones “Crímenes económicos contra la humanidad” de Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Es claro y contundente, además de rabiosa actualidad. Para la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.
Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.
En España hoy estamos observando las cifras vergonzosas de parados, muchos de ellos sin ningún tipo de prestación; familias desahuciadas de sus viviendas, el abandono de muchos dependientes, los recortes brutales en la sanidad pública, que acarrean unos destrozos económicos y humanos inmensos. Y ahora quiero detenerme en un caso sangrante. Cientos de personas se concentraron frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Madrid, para exigir que todos los enfermos de hepatitis C puedan acceder a los nuevos fármacos, que logran la curación del 95% de los infectados en apenas 12 semanas. La movilización pretendía convencer a los responsables ministeriales de que aumenten la partida presupuestaria para la adquisición de estos efectivos antivirales. Hasta ahora, el gobierno de Mariano Rajoy ha asignado como máximo 125 millones de euros para la última terapia aprobada. Según los enfermos y sus familiares, los fondos del Gobierno solo alcanzan para 4.900 de los 170.000 afectados, una cifra claramente insuficiente, por lo que cada día mueren una decena de personas en España por esta dolencia. Están muriendo gente por no haber asignación presupuestaria. Por ello, a los responsables de esta situación, se les podría acusar con razón en un futuro el delito de “crímenes económicos contra la humanidad”. Y se podría aplicar por muchas razones. De entrada, están incumpliendo el ordenamiento constitucional, ese que dicen defender con tanto patriotismo. A tal efecto, les recuerdo el contenido del artículo 43 de nuestra Carta Magna: 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Y no me resulta válido que no hay partida presupuestaria suficiente. Si no la hay, se crea, tomándola de otras. Todo es cuestión de prioridad política. Y por encima de cualquier otra, está la defensa de la salud de los españoles. Sí que hubo dinero para otras cuestiones menos importantes. El Consejo de Ministros aprobó recientemente un Real Decreto Ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de la plataforma Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS.
En un artículo reciente de Pere Ortega titulado Los engaños de los presupuestos de defensa se dice: Respecto a la partida sobre las operaciones militares más allá de las fronteras españolas, se consignan todos los años 14,3 millones, cuándo año tras año se produce un gasto cercano a los 800 millones que son aportados desde un Fondo de Contingencias. En lo referente a los PEAS, como en años anteriores, se ha vuelto a presupuestar 6,8 millones, cuándo en los tres últimos años se han aprobado créditos extraordinarios para hacer frente a los pagos de: 1.782,77 millones en 2012; 879,48 en 2013; y 883,65 en 2014. Para el próximo año 2015, y de acuerdo con la programación de pago de los PEAS se tendrán que abonar alrededor de 1.000 millones. Entonces, ¿Por qué se presupuestan tan solo 6,8 millones? Sin duda se trata de un fraude. Para eso si que hay dinero. No hay ningún problema.
En mi artículo anterior en este mismo medio titulado Los griegos y los españoles somos ratas de laboratorio para ver qué nivel de castigo y sufrimiento aguantamos explicaba con todo tipo de detalles el perdón de 3.000 millones a las Eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008. Mas podríamos poner muchos más ejemplos a los expuestos,
Todo me parece muy claro. Si yo estuviera en el pellejo de los actuales gobernantes, no estaría muy tranquilo, ante la posibilidad de que en un futuro se me pudiera acusar del delito de crímenes económicos contra la humanidad.
