La consejera de Educación, Cultura, Deportes y Universidades del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, anunció este jueves la convocatoria de una mesa por la calidad educativa para el próximo 2 de julio, “a la que están invitados los representantes de los padres y madres, del alumnado, del profesorado y de la Administración autonómica”. En sesión plenaria celebrada en el Parlamento, subrayó que el encuentro estará “abierto al diálogo, con el fin de avanzar, sin límite de tiempo, para compartir objetivos y ejercer la corresponsabilidad para lograr un acuerdo para la mejora de la calidad educativa en Canarias”.
Luis Brito informó de la propuesta tras ser interpelada por el diputado socialista Juan Ramón Rodríguez-Drincourt sobre las políticas en materia de la calidad de la educación en Canarias. Éste centró su intervención, principalmente, en el conflicto que durante este curso se ha vivido en el sector docente no universitario de la Comunidad Autónoma, aunque la consejera se limitó a abordar las medidas sobre calidad educativa por ser el asunto instado por el PSC, según dijo.
Así, apostó por fomentar la cultura en todos los ámbitos, habló de las medidas puestas en marcha desde su departamento y de las que se emprenden desde el ámbito de la Unión Europa, lo que enmarcó bajo el título de “objetivos y ejes para una propuesta de mejora de la calidad educativa”. Su exposición fue criticada por el diputado socialista, quien afirmó que se trata de “ideas sin conexión y que no suponen un cambio de la situación”.
Al finalizar el curso, afirmó Rodríguez-Drincourt, sus conclusiones son “muy distintas” que las que tenía al concluir el anterior o al principio del que acaba. “La gente me pregunta cómo es posible que la consejera no haya dimitido, que no haya sido cesada o que no haya cambiado de rumbo”, dijo Rodríguez-Drincourt, quien afirmó que se están cometiendo “muchos errores”. El diputado del PSC dijo no creer en que la gestión realizada haya sido mala, sino, afirmó, “ha sido muy buena”, porque la consejera es “la ejecutora de un plan que comenzó hace muchos años, con el consejero José Miguel Ruano”.
A su juicio, “con él comenzó un tiempo de desinversión y restricciones, en un proceso de derechización muy claro de ATI en el que el fracaso escolar iba a peor y las prioridades comenzaban a ser otras”. Así, aseguró que ese periodo “continúa”, al tiempo que admitió que, a pesar de haber “atisbado alguna vez” alguna “preocupación social” en la consejera, “después recibe consignas de desinversión y de desmoralización”.
“El Gobierno de Paulino Rivero tiene desmoralizados a los docentes de Canarias, ése es el Gobierno de las personas”, denunció el diputado del PSC, al tiempo que criticó a la consejera por “utilizar el conflicto para enfrentar a padres con docentes”. Asimismo, hizo hincapié en que en este marco, “mucha gente se pregunta por el socio de Gobierno, el PP” que, sostuvo, “no ha dicho absolutamente nada sobre la homologación”. Rodríguez-Drincourt concluyó que el PP ve cómo la consejera “hace una política que querría hacer, pero que no se atrevería, porque es absolutamente antisocial”.
“La educación en Canarias es un barco sin rumbo, que no ocupa ni preocupa”, expresó, al tiempo que denunció que el Gobierno “falta al principio de responsabilidad de visiones compartidas” que ha llevado a un “callejón sin salida”. En este punto, subrayó que los docentes son “el eje central, no se pueden obviar”, por lo que hizo hincapié que las cosas “no se pueden cambiar si no se sale de esta situación de desolación y desesperanza que viven estos 25.000 docentes”.
En este punto, afirmó que en esta situación existe “una esperanza” que, sostuvo, es el PSC-PSOE, “porque ya nadie cree que CC esté preocupada por la calidad educativa en Canarias”, además de la “convicción de que hay otra forma de hacer política”. Rodríguez-Drincourt apostó asimismo por una reversión de la inversión y por un compromiso del Gobierno.
No obstante, la consejera insistió en que el Gobierno llevará a cabo un conjunto de propuestas dirigidas a la potenciación de la función social de los centros educativos y a la mejora de la calidad del sistema, mediante el fortalecimiento de la función social de los centros. Al respecto, precisó que 507 centros prestarán servicio de acogida temprana el próximo curso y que también se pondrá en marcha y se intensificará en plan de participación de la familia en el proceso educativo.
Luis Brito indicó que, en materia de atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, se establecerán refuerzos en el horario de tarde para que el 15 por ciento de los centros (un total de 152) los presten el próximo curso, el 20 por ciento en el periodo 2009-2010 y el 25 por ciento en 2010-2011. Además, apostó por el fortalecimiento de las estructuras de dirección, sobre lo que, informó, se está elaborando una normativa específica para contar con una dirección “moderna y eficiente”, para lo que se establecerá un protocolo de acuerdo con los directores de los centros seleccionados.
La consejera explicó que se trabaja también en la elaboración de una normativa sobre la inspección educativa, “por su papel fundamental”. Al respecto, precisó que se establecerá un protocolo que contemple los objetivos, niveles y concreciones específicas al final del periodo. “Éstas son las concreciones de las medidas en Canarias. No derivan de una invención tras una larga noche de sesudo recorrido intelectual, sino del anclaje en el marco normativo de la calidad educativa. A eso me he ceñido porque es para lo que me ha interpelado”, dijo Milagros Luis, quien sólo mencionó el conflicto de los docentes para anunciar la fecha en que se celebrará la mesa de diálogo.
"Problema complejo"
En su intervención, Juan Ramón Rodríguez-Drincourt afirmó que el “lugar natural” de este conflicto es la calidad de la educación y el éxito escolar, “dos grandes preocupaciones de toda la sociedad y, por tanto, un asunto de oportunidad política”. En este punto, resaltó que el fracaso escolar es “relevante” en Canarias y debería ser “suficiente para concentrar esfuerzos en la búsqueda de soluciones”. No obstante, dijo ser consciente de que, más allá de la preocupación inicial, “no es fácil lograr una visión compartida del problema ni definir líneas generales que permitan configurar una estrategia para su superación”.
En esta línea, subrayó que el fracaso escolar “no es un problema cualquiera, pues puede suponer un grave riesgo para el futuro de la sociedad canaria, que arrastra aún en educación un notable retraso”. Por tanto, consideró “de justicia y absolutamente estratégico” que los esfuerzos que se realicen vayan en la línea de lograr un nivel de competencia y formación que les permita a los escolares “actuar como personas responsables, tanto en el ejercicio de su ciudadanía como en su dimensión personal, social y en su contribución al desarrollo económico”.
Además, precisó que el problema es, “además de grave, complejo”, punto en el que sostuvo que Canarias lleva “muchos años bajo una gestión educativa de gobiernos de Coalición Canaria que no han tenido proyecto educativo y, lo que es peor, no les ha importado, porque sus prioridades estratégicas eran otras”. Sin embargo, afirmó que un problema de esta envergadura requiere “un acuerdo mayor, porque ninguna administración puede resolverlo por sí misma”.
A pesar de señalar que no es un problema que se pueda resolver con una sola medida, aseguró que el problema es “resoluble” con la suma de competencia técnica, diálogo, compromiso “y, sobre todo, una gran capacidad de liderazgo, condiciones que no sea han dado en los últimos años”. También abogó por contar con un nivel de confianza suficiente en cuanto a la educación como servicio público, a lo que aludió como “necesario para que cualquier medida que se adopte resulte eficaz”.
Esfuerzo necesario
En esta línea, el diputado del PSC apostó por el diálogo, la participación y la asunción de responsabilidades compartidas para dotar de soluciones al conflicto. “Necesitamos una visión compartida del problema y la definición de una estrategia basada en la corresponsabilidad”, dijo Rodríguez-Drincourt, quien consideró igualmente imprescindible un ordenamiento adecuado, una mejor gestión y ampliar la inversión en educación “que Coalición Canaria ha venido reduciendo en los últimos años”.
También invitó a realizar un esfuerzo que se puede completar en el medio plazo de dos legislaturas, para superar las desigualdades salariales entre los educadores y el resto de los funcionarios, “haciendo efectivo el derecho a la homologación en el ámbito de un proyecto por la calidad de la educación en Canarias”. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt insistió en que se trata de una cuestión de oportunidad política, apostó por abordar el conflicto con perspectiva de futuro e instó a un “gran compromiso compartido” por la calidad de la educación de Canarias.
