La consejera del Cabildo y presidenta insular del Partido Popular (PP), Astrid Pérez, ha manifestado este lunes a través de una nota de prensa su satisfacción porque el presidente de la institución, Pedro San Ginés, y la nueva dirección política de Turismo hayan decidido mantener y ratificar los acuerdos alcanzados en su día con los Ayuntamientos que tenían deudas con la Sociedad de Promoción Exterior para posibilitar la viabilidad de la empresa. Pérez critica que el Cabildo se haya gastado 3.500 euros en la contratación de una consultora externa que lo único que ha hecho es plasmar en un documento el trabajo y los acuerdos que el PP ya había gestionado con varias Corporaciones Locales así como la deuda de la Sociedad. En este sentido, apunta que los acuerdos con Yaiza, Arrecife y Tías se gestionaron en su etapa como consejera de Turismo, así como el inicio de las negociaciones con los Ayuntamientos de Haría y Tinajo, dirigidos estos últimos a que el pago a la Sociedad de Promoción Exterior se detrajeran del canon de los Centros Turísticos.
Para la consejera del Partido Popular, resulta “bochornoso” que “en la actual situación económica, la institución se gaste un sólo euro en un informe-opinión que lo único que viene a concluir es lo que todos sabemos, que la viabilidad de la Sociedad está sujeta a que los accionistas cumplan con sus pagos y la empresa con el presupuesto de gastos”. "Y lo que es más grave, que a unos acuerdos de cobros y pagos se le otorgue categoría de Plan de Viabilidad y que, como tal, no existe", insiste.
Según Pérez, el único mérito que puede atribuirse el presidente del Cabildo es el de gestionar la SPEL durante casi dos años, desde octubre de 2009 hasta julio de 2011, y no hacer nada para corregir la mala gestión y los errores administrativos que arrastra desde su constitución”.
El PP recuerda que cuando asumieron la responsabilidad en materia turística, la Sociedad de Promoción ni siquiera había presentado las cuentas anuales desde el 2008, fecha de su constitución, e incluso estaba administrada por administradores que no eran de derecho porque no se habían inscrito en el Registro Mercantil.
