- El PP dice que apoyará cuantas iniciativas se pongan en marcha para evitar el cumplimiento del laudo
El Partido Popular (PP) en Lanzarote considera que el secretario general del Partido Socialista (PSC-PSOE), Manuel Fajardo, ha puesto de manifiesto su parcialidad como presidente del Comité Disciplinario en el expediente abierto a los técnicos de Inalsa al "exculpar, abiertamente, a su candidato, Enrique Pérez Parrilla, del conflicto abierto con la desaladora de Janubio y dirigir la responsabilidad únicamente hacia Plácida Guerra, al tiempo que siembra la duda sobre el actual consejero delegado, Mario Pérez".
Para el Partido Popular, Fajardo ha actuado "como juez y parte en un asunto en el que ni siquiera debía haber participado" ya que en 2001, como secretario general del PSOE en la Isla, la firma del contrato se realizó bajo la presidencia de Enrique Pérez, del que los populares recuerdan que era el máximo responsable de Inalsa por su condición de presidente del Consejo de Administración de la empresa pública.
No deja de resultar curioso, agrega el PP, que el Comité Disciplinario presidido por Fajardo, y compuesto únicamente por él y un miembro más, ponga a salvo al candidato socialista cuando fue el propio Enrique Pérez quien autorizó las perforaciones previas a la ejecución de las obras de la desaladora.
Ante estos hechos, el Partido Popular insiste en que la comisión de investigación que se va a constituir el próximo viernes, 27 de octubre, no puede estar presidida por ninguno de los tres partidos que han tenido responsabilidades en la gestión de Inalsa (PSOE, PIL Y CC).
De esa manera, el PP trata de evitar así posibles vicios de parcialidad, como entiende que ha ocurrido en este caso. El Grupo Popular solicitará el viernes, como ya lo hizo en Junta de Portavoces del pasado lunes, que las sesiones de la comisión de investigación sean públicas.
El PP reitera su firme apoyo a cuantas medidas se pongan en marcha para evitar el cumplimiento del laudo y, en consecuencia, que el Cabildo y los ayuntamientos, en definitiva todos los ciudadanos de la Isla, tengan que pagar los aproximadamente 13 millones de euros (más de 2.000 millones de las antiguas pesetas) que se reclaman a la empresa pública.
Del mismo modo, y con idéntica contundencia, el PP exigirá las responsabilidades políticas en las que hayan podido incurrir quienes han ostentado la responsabilidad al frente de la gestión de Inalsa y, en concreto, en la gestión del contrato de la desaladora.
