viernes. 29.03.2024

- El portavoz del PP, Angel Vázquez, asegura que el equipo de gobierno “se está saltando a la torera” un derecho que viene recogido en las normas de funcionamiento de la Corporación

Escrito-solicitud_relacion_contrataciones.pdf

El Grupo del Partido Popular en el Cabildo ha reiterado el escrito que ya presentó hace dos meses solicitando al Gobierno insular la relación de adjudicaciones de contratos de servicios, consultorías y asistencias que la Corporación ha realizado a lo largo del presente año 2012. La iniciativa de los populares se produce después de que el equipo de gobierno haya dado “la callada por respuesta”, pues “ni ha facilitado la documentación, ni se ha molestado en contestar al escrito”, afirma en un comunicado remitido a Crónicas el portavoz del PP en la Corporación, Angel Vázquez.

El portavoz del PP en el Cabildo critica el oscurantismo que está marcando la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sanginés, pues “la falta de transparencia, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en la tónica general de la acción de gobierno”. Según Vázquez, CC y PSOE “se están saltando a la torera el derecho que tienen todos los miembros de la corporación a disponer de la información que precisan para el desempeño de sus funciones”, en este caso, “de control y fiscalización de las contrataciones que se han llevado a cabo durante todos estos meses”.

Desde las filas del Partido Popular se entiende que “el silencio del gobierno” sobre este asunto “sólo contribuye a acrecentar las dudas sobre malas prácticas o presuntas ilegalidades que se pudieran estar cometiendo en materia de contratación”. En este sentido, Vázquez alude a las indicaciones realizadas recientemente por el servicio de intervención del Cabildo, que señala “que el número de contrataciones temporales es muy elevado”, al superar los tres millones de euros en el 2011, así como el hecho de que se recurra a bajar los importes de los contratos para eludir el concurso público de determinados servicios.

El portavoz del PP destaca que esta circunstancia “no sólo implicaría ir en contra de la normativa de contratación, sino que además se estaría perjudicando gravemente el interés económico de la propia institución”.

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