“Se entiende que cuando el Consejo decide incoar un expediente sancionador por una infracción muy grave también habrá valorado las consecuencias que iba a acarrear su decisión”, apunta Rodríguez en un comunicado de prensa del PP, por lo que “llegados a este punto, solo cabe exigirle al presidente del Consejo y presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que explique cuál es su plan B”.
A pesar de ello, desde el PP, Saray Rodríguez recalca que "sería una temeridad que San Ginés haya impulsado un expediente de esta envergadura, generando una enorme preocupación entre los vecinos de una de la mayor urbanización de la isla, sin prever opciones al cierre de la desaladora cuando, precisamente, el grave riesgo de desabastecimiento fue uno de los argumentos que esgrimió en 2014 para proceder a la incautación ilegal de la desaladora de Club Lanzarote”.
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias es el competente para sancionar las infracciones muy graves en materia de aguas, para el PP "resulta paradójico que en su momento no recurriera a este procedimiento y sí que lo haya hecho dos años más tarde cuando los tribunales le habían obligado a devolver la planta a Club Lanzarote". "Como tampoco se entiende", esgrime Saray Rodríguez, "que no se atreviera a hacerlo en la época en la que aún existía Inalsa y sí cuando entra en escena Canal Gestión.
“Lo que todos esperamos es que entre pleito y pleito, querellas e imputaciones, el presidente haya tenido tiempo de arbitrar medidas para garantizar el suministro de agua a los 5.000 usuarios de Montaña Roja que obviamente no tienen ninguna responsabilidad en todo este asunto y son los verdaderamente importantes”, concluyen desde las filas populares.
