Los socialistas de Lanzarote acusan al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, de falsear la realidad respecto a la situación de los hoteles ilegales, tras la anulación de la moratoria insular por los tribunales. Lo hacen a través de una nota de prensa enviada este lunes a Crónicas.
Desde el PSC, que se resisten a abandonar la estrategia que ya defendieron en su etapa al frente del Cabildo, aseguran que tal y como recoge el informe de diagnóstico de la situación de los hoteles con licencia anulada, elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo, los establecimientos turísticos han quedado sin cobertura legal por el incumplimiento de diversa normativa insular, municipal y regional y no sólo por la adaptación a la moratoria.
“Por esta razón, sólo la modificación del planeamiento en estos niveles permitiría abrir un proceso de regularización, y no en todos los casos”, advierte el secretario insular de los Socialistas de Lanzarote, Carlos Espino.
A juicio de Espino, Berriel busca un titular tranquilizador para los propietarios de estos hoteles, pero absolutamente falso, “pues los Tribunales en ningún caso van a permitir la inejecución de las sentencias firmes ni la legalización gratuita de los negocios de quienes han incumplido la Ley”.
En este sentido, el PSOE de Lanzarote defiende que sólo a través de compensaciones al interés general los magistrados estarían dispuestos a admitir modificaciones del planeamiento que facilitaran la regularización de los hoteles.
“La iniciativa legislativa propuesta al Pleno del Cabildo por Manuela Armas y consensuada con los técnicos y juristas del Gobierno de Canarias nos parece la vía idónea para normalizar la situación de la planta alojativa en situación ilegal”, apunta Espino.
El secretario general de los Socialistas de Lanzarote invita a Domingo Berriel a repasar el documento legalidad.urbanística.org y a memorizar el listado de incumplimientos de estos establecimientos, “antes de realizar declaraciones públicas inexactas, interesadas desde el punto de vista político y que pueden crear falsas expectativas en los empresarios afectados”.
