El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, reunido en sesión ordinaria en la mañana de este martes, aprobó inicialmente el reglamento del Centro Cívico municipal, con los votos favorables de Coalición Canaria, Partido Socialista, Alternativa Ciudadana, Partido de Independientes de Lanzarote y Partido Nacionalista de Lanzarote y la abstención del Partido Popular, informa la nota enviada a Crónicas.
Según indicó la concejala de Cultura, Eva de Anta, tras el mes de exposición pública, durante el cual se podrán presentar alegaciones al documento, el reglamento estará listo para su aprobación definitiva.
El Centro Cívico de Arrecife nace con vocación de cubrir la iniciativa social, cultural, educativa y de ocio, en su sentido más amplio, allí donde el ciudadano plantea sus primeras demandas.
Según recoge la normativa, que se ha basado en el Reglamento General de de los Centros Socioculturales de Arrecife (2006) y en el borrador del Reglamento General de los Centros Cívicos de la ciudad de Vitoria, la infraestructura “se concibe como un lugar abierto de información, formación y ocio para todo el conjunto de la población”.
Sus objetivos generales son impulsar programas y servicios de carácter cultural, educativo, social y de ocio, que respondan a las demandas y necesidades del ciudadano; servir de instrumento para las iniciativas y actividades ciudadanas, fomentando la participación activa de personas y colectivos en los procesos culturales, educativos, sociales y de ocio de la ciudad y descentralizar los diversos servicios municipales, acercándolos más a los ciudadanos.
Según indicó Eva de Anta, aunque el uso del centro será gratuito y la biblioteca y otros servicios, de carácter público, “hemos contemplado la posibilidad de que, en el futuro, podamos cobrar tasas a personas que demanden espacios para la realización de actividades culturales con interés lucrativo, siempre que estipulen precios populares, asequibles a toda la población”.
El reglamento recoge además los derechos y deberes de los usuarios, el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa o deterioro de las instalaciones o el procedimiento para la reserva de espacios, entre otras cuestiones.
