El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por un particular contra de la Adaptación Básica del Plan General de Arrecife al Texto Refundido de la Ley del Territorio, que ya fue rechazado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Con este fallo, ya son cuatro las sentencias firmes ganadas por el Ayuntamiento capitalino, defendido por el letrado y ex secretario del Consistorio, Felipe Fernández Camero. Con ello, se logra mantener la vigencia de la Adaptación Básica, aprobada en noviembre de 2003, sustituta del ausente Plan General en la actualidad.
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado en su día por una entidad privada, que pretendía cambiar el uso de su parcela, en contra la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife (PGOU), aprobada en noviembre de 2003 por la COTMAC (Comisión de Ordenación del Terrotorio y Medio Ambiente de Canarias).
En este caso, el recurso había sido presentado por un particular, Domingo Martín Ramos, defendido por el letrado Carmelo Padrón, que sentía vulnerados sus intereses en parcelas de su propiedad. En su demanda, dirigida contra el Ayuntamiento de Arrecife y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, pedía la anulación del acuerdo de la COTMAC y, de forma subsidiaria, que se reconocieran como suelo urbano consolidado sus terrenos en Altavista, y que se revocara la categorización de parcelas que habían sido declaradas suelo urbano no consolidado con la calificación de sistema general.
La sentencia del Tribunal Supremo, como ya hiciera hace tres años el TSJC, además de desmontar los argumentos del demandante, alegando entre otras cosas que el informe pericial que presentó "sólo alude de forma genérica a la existencia de una trama urbana consolidada", y que "no puede ser considerado de otra forma que una opinión particular de la perito sin apoyo en los criterios técnicos necesarios para darle eficacia probatoria", también entra al fondo de muchas de las críticas que en su día recibió el polémico documento de la Adaptación básica. Así, entre otras cosas, afirma que "los errores materiales no determinan la anulación de los actos administrativos, sino su corrección".
