Fotos: Anabel Navarro
El director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, indicó este miércoles, durante la presentación del curso Algunas Claves de la Corrupción Urbanística en España, que “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”, tal y como advertía un informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) publicado en 2006. Gómez lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener el urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.
El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y director de estas jornadas, Fernando Jiménez, empezó el curso con fuerza al afirmar que “cada español lleva dentro a un concejal de Urbanismo”. Jiménez arrancó su ponencia contando una anécdota que refleja a la perfección la situación que se da en muchos ayuntamientos de España. En ésta, un concejal de Urbanismo de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario, que necesita su voto para aprobar una operación urbanística, preguntaba “¿Qué recibiría yo?”. El promotor le contestaba: “Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.
El escenario de la corrupción exige, según Jiménez, tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. Y en España ,tal y como apuntó, se dan las tres.
La primera jornada del curso se completó con una mesa redonda, abierta al público, en la que intervinieron la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, Ana Linares, y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Éste afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.
Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia.
Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los ayuntamientos. “El Derecho Administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.
La Administración no funciona
“No es digno eludir las batallas necesarias, hay que empeñarse en ellas se vayan a ganar o no”. Es un principio por el que se rige al fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, que se ve a sí misma como una “diseccionadora de cadáveres”. “El fiscal sólo actúa cuando el cadáver está encima de la mesa”. Puso este ejemplo para explicar su frustración por no poder actuar de manera preventiva, como le piden muchos ciudadanos que acuden a ella a denunciar casos de corrupción urbanística. “Que los ciudadanos acudan a la Fiscalía a solicitar que pare operaciones urbanísticas es la constatación de que la Administración (municipal) no funciona”, dijo.
Linares, muy crítica con los ayuntamientos, recordó que estos tienen “mucho poder” y que quien tiene las competencias debe aplicar con rigor la disciplina. “Para aplicar la disciplina urbanística sólo hace falta un papel, un boli y un policía. ¿Cuáles son los medios materiales que reclaman los ayuntamientos para aplicarla?”, se preguntó la fiscal, que también puso esperanzas de cambio en la nueva Ley del Suelo y aportó varias posibles soluciones. “Fundamental, acabar con la apatía ciudadana y alentar el activismo”, concluyó.
