La sociedad Riversun Inmuebles, propiedad del empresario Alfredo Díaz, ha solicitado, a través de sus abogados, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas, que despache la ejecución contra el Ayuntamiento de Yaiza y las propietarias de los hoteles Iberostar Costa Calero y Hesperia Puerto Calero ordenando la demolición, ante la imposibilidad de legalizar sus licencias. La información la adelanta este jueves el diario Canarias 7.
El dueño de Riversun Inmuebles, Alfredo Díaz, propietario del hotel Iberostar Papagayo, cuya licencia fue también anulada por los tribunales después de que el Cabildo de Lanzarote se personara en la impugnación, se personó en los pleitos entablados inicialmente por el Cabildo contra estos hoteles de Puerto Calero, tras la llamativa retirada de la Corporación de los contenciosos, pese a que los establecimientos tenían los mismos defectos administrativos que el resto de hoteles, cuyas licencias fueron impugnadas y anuladas, y sin que el Cabildo explicara las causas de la retirada de dichos pleitos.
El empresario Alfredo Díaz no ha cesado de hablar, desde entonces, de "agravio comparativo", criticando las negociaciones que el anterior grupo dre gobierno del Cabildo emprendió con ciertos empresarios con hoteles afectados buscando la "compensación" y la "restitución del orden alterado", mientras que no inició ningún tipo de proceso con otros promotores. Son los casos de los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, entre otros, tres empresarios que precisamente esta semana fueron llamados a declarar por la jueza del Juzgado Número 2 de Arrecife, en la investigación del llamado caso de los hoteles ilegales, que tiene al ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes como principal implicado.
Riversun ya pidió en junio de 2009 la ejecución de las sentencias que anularon las licencias de los hoteles de Puerto Calero, "y ante la actitud del Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza que llevan meses pasándose el problema del uno al otro, sin que ninguno quiera concluir el expediente de legalización", es por lo que ha solicitado al juez "que acuerde despachar ejecución contra el Ayuntamiento de Yaiza y las empresas responsables de los establecimientos, ordenándoles demoler solidariamente a su costa ambos hoteles y proceder a su posterior desescombro, así como librar oficio al jefe de la Policía de Yaiza a fin de clausurar la inmediata actividad turístico-hotelera y al inmediato precinto de sus instalaciones".
Los abogados basan su demanda en la imposibilidad de legalizar dichos hoteles, ya que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo 19/2003, establece que "hasta la entrada en vigor de los planes territoriales especiales Insulares, o hasta la adaptación del planeamiento general insular a las Directrices se suspende el otorgamiento de autorizaciones turísticas y licencias urbanísticas para edificios turísticos".
