Por José Pérez Dorta
No podría ni imaginarse el alcalde de Haría, don José Mariano Torres Stinga, cuando puso en marcha su política de venganza y persecuciones, que terminaría tomando un trago amargo de su propia medicina.
A la cantidad de pleitos perdidos: ya sea de trabajadores a los que le negaba sus derechos, de otros a los que acosaba laboralmente por motivaciones políticas, de empresarios a los que pretendía cerrarles sus negocios o a propietarios a los que pretendía cambiarle el usos a sus parcelas sin la preceptiva indemnización porque “él no tiene nada que negociar con especuladores”, todos ellos perdidos y cuidadosamente ocultados, pero que suman cuantiosas pérdidas para la corporación local, hay que añadirle el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, contra la que no cabe recurso ordinario , y que además de revocar la sentencia anterior que le era favorable a ayuntamiento y condenados, falla a favor de la nulidad de los actos administrativos o lo que es lo mismo, anula la licencia de la casa del alcalde de Haría, que ocupa, según parece probado, el dominio marítimo terrestre .
Se extrañan los juzgadores, y cito textualmente, “que por parte del Ayuntamiento y condenados, se niegue tal extremo, pero sin embargo no se aporte documento alguno que simplemente mida la distancia entre la línea marítimo terrestre y la edificación contenida en el estudio de detalle y ya construida, siendo como es, el núcleo esencial de la pretensión que se ejercita”. Y es que un juego equívoco de planos y escalas daba lugar a sendos informes favorables. O sea, que si a un plano a escala 1/500 le pongo que está dibujado a Escala 1/1000, donde el escalímetro mide seis metros, en realidad hay tres.
Pero podría este asunto no tener trascendencia más allá de la personal, si no fuera por el doble rasero que se lleva desde la alcaldía, pues mientras con una obsesión enfermiza, el alcalde de Haría se dedicaba a hurgar en los archivos municipales para encausar a todo el que no le fuera favorable, y poner demandas, a diestros y siniestros, con los dineros públicos, en este caso invierte las estrategia y es el dinero público municipal, el que defiende la ilegalidad, utilizando la institución en beneficio propio. Ya en su momento criticamos que se utilizara al Consejo Consultivo de Canarias al pedirle, desde el Ayuntamiento un informe para este asunto, que venía viciado de antemano por la tergiversación de la información que se le aportaba. Pero que en cualquier caso, y es lo rechazable, se utilizaba los organismos públicos en defensa de intereses particulares.
Líbreme dios de hacer apología de la ilegalidad, pero tengo el convencimiento de que en cualquiera de los municipios de Canarias si empezáramos a hurgar en sus archivos y comparar los documentos con las realidades, nos encontraríamos con que, en el pasado, las cosas no se hacían como es debido y eso era lamentablemente la normalidad.
Entiendo que un alcalde debe poner en conocimiento de la justicia las ilegalidades que detecte, con ecuanimidad, pero fundamentalmente tiene que gobernar mirando al futuro, proyectando desarrollo y sembrando tolerancia. Una lección que espero que haya aprendido el señor Stinga, porque, como vemos, el que siembra vientos recoge tempestades.
