El Congreso de los Diputados ha aprobado, con un amplio consenso, la Ley General de Telecomunicaciones que servirá de base para el desarrollo, no sólo del sector de las telecomunicaciones, sino también de la propia economía de nuestro país.
El diputado nacional por la provincia de Las Palmas, el lanzaroteño Francisco Cabrera, expone este miércoles en la nota de prensa remitida por el PP a Crónicas, que considera que la norma “mejorará la productividad y la competitividad de nuestras empresas y que, en consecuencia, ayudará a la creación de empleo”. Cabrera destaca que se trata de “una ley que está acorde con nuestros tiempos” y que permitirá dar un “importante impulso a las nuevas tecnologías en el ámbito de la empresa y de la propia sociedad”.
Ahondando en el texto, que ha sido apoyado por una amplia representación del arco parlamentario (PP, PSOE, PNV y CIU), hay que destacar el despliegue de redes y la puesta a disposición de los operadores los recursos necesarios para ello. Se reducen las cargas administrativas, se recupera la unidad de mercado, se frena la dispersión normativa y se impulsa la competencia y mejora de los servicios a los usuarios.
“Estamos en una nueva era, el mundo está cambiando y vamos hacia un mundo digital en el que las nuevas tecnologías de la investigación y comunicación son una pieza fundamental para que particulares y empresas puedan ser más productivos y también más competitivos”, asegura Francisco Cabrera.
“En este sentido, la tecnología ya forma parte de nuestras vidas, en cómo nos comunicamos, en cómo obtenemos información y también, muy importante, en la forma en la que interactuamos con las empresas o la misma Administración”, añade.
Aspectos destacados de la Ley General de Telecomunicaciones
La nueva norma se ha diseñado con el fin de cumplir con tres objetivos fundamentales: avanzar en el despliegue de las redes de nueva generación, mejorar la oferta de servicios a los ciudadanos con una mayor calidad y a precios más asequibles y generar una mayor seguridad jurídica para fomentar la inversión, la competencia efectiva y garantizar los derechos de consumidores y usuarios.
Por otro lado, también se va a proporcionar a los ciudadanos una mayor cobertura, especialmente en zonas más desfavorecidas.
“Hablamos de menores precios, mayor capacidad de elección, mayor calidad y una seria defensa de los derechos que asisten a los consumidores”, concluye el Francisco Cabrera.
