§ El objetivo de la impugnación es que se puedan autorizar no sólo los hoteles y apartamentos de más de cinco estrellas, como dice ahora el precepto, sino también los de menor categoría.
§ El Gobierno regional debe responder de su planteamiento de restringir la inversión en Canarias. El Gobierno central busca que se cumpla la ley en todo el territorio nacional.
§ Cualquier otra interpretación es una interpretación interesada que pretende confundir a los ciudadanos y a los empresarios
La delegada del Gobierno en Canarias, maría del Carmen Hernández Bento, ha remitido este viernes a los medios un comunicado de prensa en el que aclara que el recurso contra la Ley turística canaria, que limitaba la autorización de nuevos establecimientos hoteleros a aquellos de más de cinco estrellas, busca evitar la discriminación respecto a la autorización de hoteles y apartamentos de cualquier categoría en las islas.
La Ley aprobada por el Gobierno de Canarias, en su artículo 4.2, establece con carácter general la prohibición de nuevas autorizaciones previas para la nueva implantación de establecimientos de alojamiento en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife con la excepción de las establecidas en las letras a y c (hoteles y apartamentos con categoría de cinco estrellas o superior).
La Abogacía del Estado, prosigue el escrito de Hernández Bento, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra estos apartados (art. 45.2.a y c), que impiden la construcción de hoteles de cuatro estrellas o menor categoría, con el objetivo de que se permita en Canarias la construcción de establecimientos de cualquier categoría.
El Estado, recuerda la Delegación del Gobierno en Canarias, ha impugnado la prohibición de construir nuevos hoteles, no la excepción que permite construir hoteles y apartamentos de más de cinco estrellas. Cualquier otra interpretación es una interpretación interesada que pretende confundir a los ciudadanos y a los empresarios.
El Gobierno considera que limitar la autorización de nuevas instalaciones hoteleras en Canarias únicamente a los hoteles y apartamentos de cinco estrellas o superior es un requisito de naturaleza económica contrario a la Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, del 23 de noviembre de 2009, legislación básica estatal dictada en transposición de la Directiva de Servicios del Mercado Interior y que consagra el principio de libertad de establecimiento en todo el territorio nacional.
Se considera a este respecto que, en la medida en que la exigencia de una determinada categoría hotelera (cinco estrellas o superior) se evalúa en términos de oferta y/o demanda turísticas, estrechamente ligados a pruebas económicas, se está limitando el acceso y ejercicio de actividades turísticas por criterios económicos, un requisito prohibido de acuerdo con el artículo 10.e) de la citada Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
El Gobierno central busca que se cumpla la ley en todo el territorio nacional. El Gobierno regional debe responder de su planteamiento de restringir la inversión en Canarias.
