AGENCIAS
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) celebra este lunes la vista oral del juicio contra el presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, como presunto autor de un delito de prevaricación.
Arroyo está acusado de contratar supuestamente, entre los años 1998 y 2003, a un topógrafo sin titulación cuando era primer edil de La Oliva, quien también figura como acusado, según fuentes del TSJC.
El Ministerio Fiscal solicita la suspensión del cargo público de alcalde durante 18 meses y el pago de una multa para González Arroyo, que es además diputado regional, por lo que disfruta de la condición de aforado y su causa es juzgada por el alto tribunal canario.
El fiscal pide también el pago de una multa para el topógrafo, José María Pérez Palma, a quien se le acusa de un delito de intrusismo profesional.
El acusado Pérez Palma, que estaba casado con una de las hijas de González Arroyo cuando fue contratado, realizó presuntamente actividades propias de Ingeniero Técnico en Topografía, con el conocimiento y consentimiento de González Arroyo.
Domingo González Arroyo, además de diputado del PP, es concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva y también se enfrenta a una denuncia como presunto autor de un delito de cohecho, que deberá investigar la Sala de lo Penal del TSJC.
El concejal Francisco Almodóvar, de Alternativa por Antigua, denunció el pasado año a González Arroyo y a la concejala popular del Ayuntamiento de Antigua Ibiza Melián como presuntos autores de un delito de cohecho, presentando como prueba la grabación de una conversación que afirma mantuvo con ambos en la que le ofrecían dinero y terrenos para conseguir su apoyo a una moción de censura.
