“El año pasado se produjo en Canarias la primera sentencia contra un padre agresor y lo máximo que se consiguió fueron 60 días de sanción a 5 euros por día y un alejamiento de 500 metros del centro y del profesor durante 6 meses”
“En el Archipiélago hay unos 22.000 docentes, de los que el 1% está de baja médica por los problemas originados en los colegios y sobre un 5% está trabajando pero sufriendo de igual modo las agresiones”
Uno de cada cuatro alumnos españoles sufre acoso escolar. Siete de cada diez profesores de Secundaria padecen agresiones físicas o verbales. Aunque para muchos las estadísticas nunca son del todo fiables, está claro que algo nuevo está pasando en los colegios o algo que siempre ha pasado está empezando a salir a la luz.
José Angel Amador es el portavoz del sindicato de profesores INSUCAN y asegura que “esto no es un problema que afecta sólo a la comunidad educativa ya que la pérdida de valores y un cambio social importante es algo que está dándose en la sociedad en general y es normal que eso se refleje en los colegios”. Explica que desde el propio sindicato se realizó el año pasado un estudio relacionado con el tema de las agresiones y pudieron comprobar que éstas no sólo se producen por parte de los chicos sino que en algunas ocasiones, son los padres los que manifiestan conductas violentas. Es más, asevera que dos de sus afiliados sufrieron en sus propias carnes la ira de estos adultos. Por ello, atribuye a la mala educación que se recibe en casa la intolerancia que se está viendo en los centros educativos.
Otro de los resultados más llamativos de la investigación que llevaron a cabo es que sólo en Canarias hay 200 docentes de baja por las secuelas producidas por las agresiones físicas o psíquicas que habían recibido. Explica que “para este principio de curso hemos planteado que en la enseñanza en Secundaria se lleven a cabo una serie de talleres que eviten este tipo de situación”.
Perfil del agresor
¿El alumno que arremete contra los profesores es el mismo que tiene comportamientos agresivos con sus compañeros? En opinión de Amador, “la respuesta es difícil porque las agresiones son completamente diferentes pero tienen el nexo en común de venir de chicos que tienen una situación familiar complicada en casa”. Comenta que “los estudiantes agresores suelen coincidir con los padres que acuden a los colegios para increpar de malas maneras a los profesores”.
En cuanto a la situación de alarma que se está creando con la publicación de todos estos datos, Amador dice que “haría una llamada a la tranquilidad aunque es verdad que hace falta que se tomen ya medidas drásticas porque los docentes nos vemos desbordados y desmotivados y en ocasiones nos vemos convertidos en cuidadores más que en enseñantes”.
Según los datos aportados por INSUCAN en Canarias hay unos 22.000 docentes, de los que el 1% está de baja médica por los problemas originados en los colegios y sobre un 5% está trabajando pero sufriendo de igual modo las agresiones.
Dice el portavoz de INSUCAN que “muchas veces se cuestiona el sistema público de enseñanza, sobre todo cuando sale mucho en los medios de comunicación pero yo creo que está formado por docentes y alumnos excelentes y que el sistema educativo canario está funcionando bastante bien”. Por ello, insiste en que “por experiencias personales, te puedo garantizar que en los colegios privados se produce una mayor discriminación y la tolerancia es mayor en los públicos”. Sin embargo, sí opina que “los docentes de los privados puede que sean menos agredidos que los de los públicos, aunque ellos puedan padecer algún otro tipo de presión”.
Alejamiento del alumno del centro
Estos días se ha escuchado la petición por parte de algunos profesores para que la agresión a un docente sea comparada a la violencia contra un policía, para que las medidas que se puedan tomar al respecto sean más contundentes. Sobre esto, dice Amador que “nosotros pedimos la máxima pena que se pueda imputar a un padre agresor y el año pasado se produjo en Canarias la primera sentencia al respecto y lo máximo que se consiguió fueron 60 días de sanción a 5 euros por día y un alejamiento de 500 metros del centro y del profesor durante 6 meses”. Amador considera irrisoria una multa de 300 euros por agredir a un docente. Además, explica que “esto también debería llevar aparejado el traslado del alumno del centro, aunque el menor no haya sido el responsable directo de la conducta violenta”. También expresa Amador su pena por que los profesores no se sienten respaldados por la Consejería de Educación ya que sólo desde hace unos meses se ha conseguido que se aporte a los profesores asistencia letrada.
Sobre la presencia policial en los centros educativos, desde el sindicato, su coordinadora en Las Palmas, Carmen Delia Rodríguez, dice que no está dispuesta a aceptar la presencia policial en los colegios para prevenir estos altercados ya que lo considera una medida coercitiva. Asegura que no se puede establecer un sitio para los cuerpos de seguridad en las aulas, ni dentro de las propias clases, algo completamente improcedente, ni siquiera en lo patios. Es más, como mucho, toleraría su presencia en los aparcamientos.
Tampoco le parece una buena idea la sugerencia de algunas personas que abogan por la presencia de padres en las aulas. Considera que la solución viene de bajar el número de alumnos en las clases y que se pueda impartir una educación especial a los alumnos conflictivos.
Además, Rodríguez reivindica la figura del Defensor del Docente que resuelva los conflictos de forma arbitral y que consiga que los sectores sociales se impliquen en el problema.
Por su parte, José Ángel Amador insiste en que “lo que hace falta es un mayor compromiso por parte de las familias y por eso apostamos por los talleres en los que puedan participar tanto padres como hijos ya que con medidas policiales se conseguiría limitar temporalmente el problema pero nunca solucionarlo de forma definitiva”.
