Por Jorge Marsá
Despacio, muy despacio, porque es al único ritmo al que la clase política insular es capaz de moverse, pero parece que por fin se ha dado un paso y se propone una solución para Inalsa: el Cabildo de Lanzarote aprobó el pasado viernes privatizar la empresa pública, pero “sólo” durante un par de décadas. En realidad, la solución consiste en hacer lo contrario de lo que se ha venido diciendo en los últimos años, en los que los políticos y la mayoría de la sociedad estaban de acuerdo en que el suministro de agua debía seguir siendo un servicio público. Resultaba del todo lógico que los políticos fueran partidarios de que Inalsa siguiera en sus manos. Y resultaba del todo incomprensible que la mayoría de la sociedad lanzaroteña fuera partidaria de seguir confiando la dirección de la empresa a los políticos que la han arruinado.
El caso es que los políticos han tenido que renunciar a Inalsa “por un tiempo que rondará los veinte años. Se hará a cambio de que el adjudicatario se comprometa a pagar la deuda de Inalsa, que actualmente ronda los 50 millones de euros a los acreedores, más otros 10 millones en inversiones” (Canarias 7 del sábado). Ahora, los políticos nos dirán que esta es la única solución para que no sean los ciudadanos los que tengan que pagar la enorme deuda que ellos contrajeron. ¿Quién pagará entonces la deuda? “La empresa adjudicataria”, nos responderán... faltando una vez más a la verdad. Porque la verdad es que, si encuentran una empresa que acepte hacerse cargo de Inalsa en esas condiciones, que está por ver, lo primero que hará será estudiar cómo vamos a pagarle los consumidores de agua esos 60 millones que le costaría la adjudicación, porque estamos hablando de una empresa, no de una organización caritativa dispuesta a donar 60 millones de euros a la sociedad insular.
Pese a lo algunos piensan, las deudas se pagan. Siempre. Lo único que se puede discutir es quién la paga, si la deuda de Inalsa la pagamos los ciudadanos o lo hacen los acreedores. Sería ciertamente injusto para ellos, pero ¿podríamos obligar a Fomento, Endesa y compañía a quedarse con nuestra deuda? Eso es precisamente lo que ocurre cuando una empresa quiebra, y actualmente ocurre continuamente, que algunos se quedan sin cobrar lo que se les debe. Puesto que no cabe duda de que Inalsa está quebrada, y que los propietarios de las sociedades mercantiles no responden de las deudas de la sociedad con su patrimonio, ¿sería posible esta solución? Desconozco los detalles jurídicos y administrativos del asunto como para saberlo, pero en cualquier caso, y por lo que nos han dicho, parece que ni se ha contemplado esta posibilidad.
¿Por qué no se ha considerado la única solución que permitía que los ciudadanos de Lanzarote se librasen de pagar la enorme deuda de Inalsa? Pues porque quienes han tomado la decisión han sido los políticos, y estamos ante uno de los pocos casos de mala gestión o corrupción política en España en que la clase política tendría que pagar por lo que ha hecho. Resulta que si no pagáramos los ciudadanos, no serían solamente Fomento, Endesa y compañía los afectados, sino que la flor y nata de la clase política insular de los últimos años tendría que responder con su patrimonio por una deuda que desde luego es suya. Y aunque el caso Inalsa resulte por ello excepcional, los políticos se van a encargar de que no lo sea el desenlace, es decir, que se resuelva el desaguisado como es habitual en este país, con los ciudadanos pagando las consecuencias de lo que hicieron los políticos. Y los políticos... no pagan ni con su cargo. Porque, no lo olvidemos, muchos de los responsables de lo sucedido en Inalsa, y por cuyo patrimonio velan sus solidarios colegas del Cabildo, siguen en bien pagados cargos públicos y siguen gestionando lo nuestro como si jamás hubieran roto un plato.
