viernes. 29.03.2024

El ex concejal de Urbanismo de Arrecife, Juan Ferrer, ha sido citado a comparecer en calidad de testigo el próximo lunes en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con motivo de la demanda interpuesta por la empresa Pío Coronado al Ayuntamiento capitalino, que en septiembre de 2000, siendo alcaldesa Manuela Armas, denegó la licencia municipal a dicha firma para construir un centro comercial de unos 20.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Valterra. Además del Ayuntamiento de Arrecife aparecen como codemandados Manuel Guerra Zerpa y el Círculo de Empresarios de Lanzarote. El Círculo, presidido por Juan Guerra, se personó en la causa para respaldar la decisión del municipio. El TSJC continua recogiendo declaraciones dentro de este procedimiento ordinario, en el que Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento, actúa como abogado del Consistorio.

"Fue Armas y no yo"

Juan Ferrer recordó que fue Armas, como alcaldesa en funciones, y no él, como titular de Urbanismo, quien denegó el permiso. El asunto fue llevado con posterioridad al pleno del Consistorio y tanto Ferrer como los restantes cuatro concejales de Coalición Canaria se abstuvieron en la votación. Juan Ferrer era partidario, y lo sigue siendo, de que una ciudad como Arrecife necesita un centro comercial como el que aspira a construir Pío Coronado.

Por su parte, Manuela Armas señaló en su momento que no había concedido la licencia porque los informes técnicos y urbanísticos se lo aconsejaban. La denegación de la licencia se produjo en los últimos días de gobierno de Armas. El 11 de septiembre de 2000 presentó la renuncia a la Alcaldía, pero como faltaban diez días para la celebración del pleno, en los que Armas se desempeñó como alcaldesa en funciones, tomó la decisión de denegarla para evitar la concesión de la licencia por silencio administrativo. La hoy militante del Partido Socialista sostuvo que el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife vigente (año 97) no contemplaba que el terreno objeto del debate tuviese la calificación de suelo comercial, por tanto, no podía darle esa catalogación.

Suelo lleno de polémicas

Alrededor del polígono industrial de Valterra han gravitado varias polémicas. En el primer semestre del año pasado, el Círculo de Empresarios de Lanzarote denunció que la Adaptación del Plan General vigente a las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias se habría aprovechado para cambiar de uso el suelo del polígono industrial de Valterra y "favorecer" los intereses particulares de los propietarios. La entonces Asociación Promotora de la Cámara de Comercio de Lanzarote también informó sobre el descubrimiento de "ilegalidades" que se produjeron con la Adaptación del Plan. Los empresarios denunciaron que entre noviembre de 2003, cuando la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprueba la Adaptación, y agosto de 2004, cuando aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), alguien cambió un artículo del texto para favorecer los intereses de la empresa Pío Coronado S.A.U.

El artículo de la discordia es el 208, donde se recogía expresamente que en dicha zona sólo se permitía un "ligero uso comercial" y siempre condicionado a que tuviera acceso directo de los usuarios a los locales de compra venta. Además, se prohibía la instalación de "usos de equipamiento", entre los que se encuentran los "centros integrados" que agrupan usos dotacionales y comerciales. Los emprendedores advirtieron de que la desaparición de estas limitaciones favorecía claramente la construcción del centro comercial.

Juan Ferrer es citado a declarar como testigo por el caso del polígono de Valterra
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