La Asociación de Vecinos “Almadracha” ha mostrado este jueves su satisfacción con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) adelantada por este diario y que les da la razón en el pleito que se mantiene en la urbanización arrecifeña de La Bufona.
Según explican en nota de prensa, entienden que “después de 17 años de verdadera injusticia y machaque público, ha salido a la luz lo que siempre se ha defendido por este colectivo, y es que si parte de las viviendas se encontraban en suelo rústico de protección de jable, ello se debía a una mala actuación de los propietarios, sino a la permisividad tanto del Ayuntamiento de Arrecife como de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (AMPUN)”.
“Justicia también porque con esta gran noticia se cierran las bocas de aquellos que han hecho que este asunto se vea como el único existente en la Isla, sólo por las personalidades que viven en la urbanización, cuando lo cierto es que seguramente vivamos en la Isla con mayor número de licencias anuladas. Sin embargo, el amiguismo imperante en algunos medios de comunicación ha hecho que se vea éste como el único”, subrayan con contundencia.
De igual modo, dicen en su escrito que están contentos también porque la sentencia, con una fundamentación jurídica de admirar, concluye que “no puede pretenderse echar la culpa a los propietarios de las viviendas de las irregularidades cometidas por las administraciones públicas, cuando las viviendas se construyeron amparadas por licencia de obra, licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”.
“Esta sentencia termina concluyendo que la actuación de la Agencia de Protección no fue la correcta, pues lo que tendría que haber iniciado es la impugnación de las licencias si consideraba que se estaba construyendo en suelo rústico. Al no hacerlo de esta manera concluye que ha de estimarse el recurso presentado por los vecinos”, detallan.
Por otro lado, otro de los motivos que también recoge la sentencia para anular los actos administrativos de la APMUN es que considera de muy dudosa aplicación el Texto Refundido en su versión del año 2000, cuando lo cierto es que el procedimiento administrativo se inicia cuando todavía esta reforma no había entrado en vigor, pudiendo encontrarse caducada la acción para instar la demolición de parte de las viviendas.
“Los vecinos afectados por esta sentencia consideramos que con ella finaliza un capítulo importante de esta historia, donde sólo queda mirar hacia el frente y seguir luchando por la coherencia y la sensatez en el comportamiento de las administraciones. Por último, queremos poner en conocimiento de toda la comunidad lanzaroteña que hace algunos meses la familia Murillo inició un procedimiento en el Registro de la Propiedad de Arrecife para hacer coincidir las fincas catastrales con el Registro de la Propiedad. Procedimiento en el que se nos dio trámite de audiencia y en el que finalmente el señor registrador no admite la solicitud de la familia por entender que las fincas catastrales no coinciden en absoluto con lo que aparece en el Registro de la Propiedad”, concluyen.
