La Mesa del Parlamento de Canarias acordó este viernes, con el voto en contra del PSOE, enviar a la Fiscalía las declaraciones del empresario José Francisco Henríquez, en las que anunciaba una querella contra los que votasen a favor del dictamen de la comisión de investigación del caso eólico, en el que se le implica en un posible delito de tráfico de influencias. La Cámara entiende que Henríquez ha podido cometer un delito contra las Instituciones del Estado tipificado en el Código Penal.
El artículo 498 del Código Penal establece que “los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.
El dictamen de las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación sobre el concurso eólico destaca la relación especial entre el ex director general de Industria, Celso Perdomo y el empresario y militante del PSOE José Francisco Henríquez, lo que “entra de lleno en lo que políticamente podría reprobarse como tráfico de influencias”.
Se da la circunstancia de que Henríquez no está acusado judicialmente en la denominada trama eólica, mientras que sobre Perdomo pesan los cargos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Conclusiones de la comisión
Las conclusiones de la comisión eólica fueron este viernes aprobadas, en sesión extraordinaria, con los votos de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el diputado del grupo Mixto Celso Betancor (APL) y con la oposición de PSC-PSOE, dos diputados de Nueva Canarias y el del grupo Mixto (PIL) Isaac Castellano.
En ellas se establece que si bien las responsabilidades penales, si las hubiere, se deben depurar en vía judicial, también señalan que la conducta del ex director general de Industria, Celso Perdomo, -promotor del concurso eólico- revela una actuación “totalmente irregular y no conforme a lo exigible a un cargo público” en la obligación de custodia y correcta gestión de los expedientes sobre las bases del concurso para la instalación y explotación de parques eólicos en Canarias.
Por tanto, las conclusiones de la comisión parlamentaria consideran “exigible la responsabilidad política” a Celso Perdomo “por el daño” que la “trama eólica” ha producido a la “imagen y credibilidad” de la Administración autonómica y, concretamente” al sistema de concurso público elegido para la asignación de nueva potencia eólica.
El dictamen establece como “absolutamente inadmisible” la presunta actuación de Perdomo, quien “supuestamente” suministró información “aún confidencial a ciertos empresarios y técnicos con los que mantenía una clara relación de amistad o intereses”.
Al respecto, destaca la “clara amistad” entre Perdomo y Henríquez y el también empresario José Antonio Lucendo, quienes, según las conclusiones, “tenían intereses propios” relacionados con el concurso eólico, “bien por participar en la redacción de proyectos para empresas relacionadas en el concurso o bien por participar o asesorar en empresas que optaban al mismo”.
