Fotos: Dory Hernández
El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). Los Estados miembros disponen de un plazo de transposición de tres años, que finaliza el 28 de diciembre de 2009.
Esta Directiva, que supondrá la modificación del marco legal en todas las comunidades autónomas, ha sido explicada este viernes en el salón de actos del Cabildo en unas jornadas inauguradas por el consejero de Economía, José Manuel Soria.
Liberalización comercial
Lanzarote sale especialmente beneficiada como consecuencia de la aplicación de la Directiva de Servicios. Es precisamente en el marco de esta normativa europea dónde nace la nueva Ley de Comercio de Canarias, actualmente en trámite parlamentario, y que permitirá la entrada de grandes superficies comerciales, incluso de ‘descuento duro', en la Isla. Así lo confirmó el director general de Comercio, Arturo Cabrera, que también asistió a la inauguración de las Jornadas. “Habrá una mayor permisividad” en el ámbito comercial.
Las superficies de hasta 2.500 metros cuadrados no precisarán de licencia preceptiva. “Se trata de fomentar la competencia para abaratar la cesta de la compra”, indicó Cabrera. Mucho más fácil lo tendrán los grandes grupos comerciales, que no necesitarán autorización en superficies de hasta 10.000 metros cuadrados, eso sí, repartidos en varias dependencias menores de 2.500 metros cuadrados.
Modificación del marco legal
El objetivo de la Directiva es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados Miembros. “Supone la creación de un marco regulatorio más transparente y eficaz para la aplicación de servicios en el marco comunitario”, explicó este viernes a los medios de comunicación la viceconsejera de Economía del Gobierno canario, Matilde Asián. “Se trata de remover obstáculos injustificados, eliminar requisitos, simplificar y agilizar procedimientos”.
Su aplicación y transposición al marco legal autonómico va a afectar al empresariado canario. Para Asián se trata de “un impulso para el desarrollo de los servicios”. Más de 700 normas regionales, de ellas 51 de comercio, deberán modificarse para adaptarse a la Directiva.
