La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto este martes una denuncia contra la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) por un delito societario, según han informado fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía entiende que Emalsa no ha cumplido con la normativa vigente recogida en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, ni con sus propios procedimientos internos de contratación.
En concreto, el Ministerio Público entiende que la contratación directa de distintas obras y servicios con la entidad Sercanarias ha provocado un perjuicio que es económicamente evaluable para Emalsa, "en beneficio exclusivo de sus socios privados", que ocupan una posición mayoritaria en la empresa y que, a su vez, son los únicos socios de Sercanarias.
Entre otros, se han analizado los contratos de transporte de lodos; control, limpieza y mantenimiento de alcantarillado; diversas obras de fontanería y jardinería, o el de cambios de contadores.
Para la Fiscalía también ha perjudicado a la compañía el contrato de alquiler de las oficinas suscrito con Satocan, una entidad privada cuyo presidente es miembro del Consejo de Administración de Emalsa, en representación de uno de los socios privados de ésta.
También considera que las remuneraciones complementarias de los gestores de Emalsa, que siempre han sido algunos de los representantes de los socios privados de la entidad, se han incluido de manera indebida -por injustificada-, como “prestaciones especiales” derivadas de sendos contratos suscritos en su día entre Emalsa y sus socios privados.
El Ministerio Público también aprecia ausencia del principio de libre concurrencia, la injustificada aplicación de precios "que no se pueden considerar como los precios medios de mercado", la presencia de conceptos indeterminados o cláusulas ambiguas en los contratos celebrados, y la falta de control en su ejecución.
De estas actuaciones, la Fiscalía concluye que hay indicios de la posible existencia de un delito societario, del que serían responsables, por un lado, los encargados de la gestión y contratación de Emalsa en las diversas operaciones que han sido analizadas, pero también los firmantes de los diversos contratos por parte de las entidades Sercanarias y Satocan, como "cooperadores necesarios".
El Ministerio Público sostiene que estas empresas han contribuido "de manera decisiva y sin posibilidad de desconocimiento", dadas las relaciones entre los gestores de ambas empresas, a la realización de operaciones que podrían haber sido perjudiciales para Emalsa y beneficiosas para sus socios privados, quienes, a su vez, son los únicos propietarios de Sercanarias.
"El perjuicio presuntamente causado a los intereses generales o la pluralidad de personas afectadas justifica la legitimación activa del Ministerio Fiscal para interponer la presente denuncia (conforme a lo dispuesto en el artículo 296, 2 del Código Penal), toda vez que Emalsa se financia, esencialmente, del precio público del agua", concluye la Fiscalía.
