- Exponen el caso de Madeira y Azores, en el que la constitución portuguesa delimita sus espacios marítimos archipielágicos en la Constitución, "que sí se adapta al Derecho Internacional"
Antonio Rodríguez de León preside la Plataforma./ Fotos: Dory Hernández
Los integrantes de la Plataforma Por el Mar Canario volvieron a reivindicar este martes, a través de su presidente, Antonio Rodríguez de León, que las aguas canarias dejen de ser consideradas legalmente como internacionales.
Según su presidente, Antonio Rodríguez de León, tanto la Constitución Española como el Derecho Internacional y el Derecho Comparado contemplan este ajuste.
“En realidad no hay argumentos constitucionales o jurídico-constitucionales en contra que sean consistentes”, sostuvo Rodríguez durante la rueda de prensa ofrecida este martes en Arrecife.
En la que ya es su tercera moción que presentan ante todas las instituciones canarias desde 2004, la Plataforma pretende que su petición sea abanderada por la FECAM (Federación Canaria de municipios) y que ésta a su vez, lleve el asunto hasta el propio Parlamento de Canarias para su debate.
En esta ocasión los miembros de este movimiento pretenden aprovechar que la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido devuelta desde las Cortes Generales a la Cámara regional.
Esta asociación, que parte de un movimiento vecinal de 2004, planteó con anterioridad otras dos mociones similares. En la última ocasión, su petición fue respaldada por un total de 42 de los 87 ayuntamientos canarios y por 4 de los 7 cabildos insulares, no contemplándolas las primeras corporaciones de Tenerife, La Gomera y La Palma.
La reforma en sí
La reforma permitiría proteger los espacios marítimos de Canarias no sólo hasta las 12 millas náuticas actuales, sino hasta un total de 350 millas. De esa manera, serían las Islas las que se beneficiarían con exclusividad de los recursos marítimos, y no el resto de Estados miembro. A su vez, si esta reivindicación fuera una realidad, el Gobierno canario sería el que autogestionaría las competencias portuarias y aeroportuarias, y no el Estado.
Juan Antonio de la Hoz e Isaac Castellano escucharon este martes la reivindicación de la Plataforma Por el Mar Canario.
Según Rodríguez, “el Derecho Marítimo, en sus artículos 46 y 305, que regula el Mar Canario, sean Islas o Archipiélagos, es el establecido por el Tratado Internacional del Mar, en el que los Estados firmantes están obligados a adaptarlos en sus constituciones”.
La Plataforma, que insiste por activa y por pasiva que no está ligada a ningún partido político en concreto, critica que el Gobierno español haya solicitado en la Unión Europea (UE) que la costa noroeste, la de Galicia, sea una zona económica exclusiva hasta sus 350 millas náuticas y que, sin embargo, no haga lo mismo con Canarias por “intereses políticos”, a pesar de que el plazo para pedirlo en Bruselas no concluye hasta el próximo 1 de enero del año 2009.
Del mismo modo, ponen como ejemplo el caso de Madeira y Azores, también archipiélagos que, aunque pertenecientes a Portugal, sí tienen delimitados sus espacios marítimos archipielágicos, un derecho reconocido en la Constitución portuguesa, “en la que sí se aplica una adaptación del Derecho Marítimo Internacional”.
