Por Ramón Pérez Hernández
Saboreando un cortado en la calle “encantada” (acertado apelativo a la calle Real, del informador Francisco-José Navarro), oí a dos convecinos de mesa conversar acalorados, rabiosos… despotricando la exigencia de INALSA sobre remodelación del suministro de agua en edificio de su propiedad con frontis a dos calles. Resumo. INALSA les advierte “que por la calle donde el edificio ha recibido agua desde siempre no dispone [¿?] de caudal suficiente y que debe tomarla por el frontis trasero”. “Que esa adaptación es responsabilidad de los propietarios, que tienen que abrir la correspondiente zanja (en acera o calzada) para colocar la Acometida”. “Que precisan Licencia del Ayuntamiento”. “Que, aparte de pagar el coste de “toda” la obra, deben depositar de su peculio, como fianza, para garantizar la reparación, en su caso, del dominio público “zanjeado”, unos cuatro o cinco mil euros, y bla… bla…”.
Por lo que se ve, INALSA impone ilícitamente a estos cabreados vecinos la obra de la “ACOMETIDA” para el suministro del agua. Nada más lejos de la realidad legal. Las compañías suministradoras de agua domiciliaria están obligadas por ley a dotar de ACOMETIDA gratuitamente a los vecinos, a pie de finca. Evidente que ningún vecino debe ejecutar una obra que no le corresponde. Tiene que negarse y punto. Si ocurriera un accidente a peatones, sería muy peligroso, pues cualquier Cía. de Seguros avispada negaría indemnización al lesionado, el que en este caso, iría contra el ingenuo vecino ejecutante de la obra que no le corresponde hacer y si no tiene pasta puede embargarle su vivienda...
Por otro lado, los cobros que al parecer viene aplicando INALSA a los vecinos por revisar contadores a petición de los abonados, que funcionen bien o mal, por retirada de los mismos, por desglose, por cambio de titular, por cambio de contador, etc., son imposiciones injustificadas, ilícitas; todas esas actuaciones, son producto del “mantenimiento” a que viene obligada INALSA, para lo que cobra por tal concepto la “Cuota de Servicio”. Solo por los contadores domésticos, a 4 euros bimensual, calculando unos 70.000 abonados, recauda 280.000 euros; o sea, cada año 1.680.000 euros. ¡Qué pocas revisiones y cambios a ejecutar para tanta “bagatela!.
Recomiendo a los abonados impugnar esos abusos con la Hoja de Reclamación Oficial del Gobierno de Canarias que INALSA está obligada a entregar a la simple petición del abonado. El vecino, una vez cumplimentada, tiene que presentarla en la Oficina de Información al Consumidor en el Cabildo, Oficina que tiene que remitirla obligatoriamente a la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno, que deberá ordenar a INALSA devuelva lo indebidamente cobrado y, ¡sancionar!.
