Por Cándido Marquesán Millán
La situación ha sobrepasado los límites de lo razonable. El Tribunal Constitucional, acaba de fracasar en su quinto intento en cuatro años de sacar adelante un fallo sobre el recurso presentado por el Partido Popular, además de otras Comunidades Autónomas contra el Estatut d'Autonomia de Catalunya. Conviene hacer un poco de historia. El Parlament aprobó con un porcentaje del 88% de sus diputados, haciendo uso de su soberanía, un proyecto de Estatut; fue remitido a las Cortes españolas, donde tras ser revisado, con las consiguientes modificaciones en su articulado, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado; fue devuelto a Cataluña, donde fue ratificado finalmente por referéndum de los catalanes. A pesar de esta circunstancia el PP presentó un recuso de inconstitucionalidad, ni lo ha retirado hasta ahora. Obviamente está en su derecho, mas considero que antes de presentarlo, como a la hora de mantenerlo, debería haber pensado en sus posibles consecuencias en el caso de que se introdujeran por parte del TC unas mermas importantes al Estatut. Además otros Estatutos con artículos iguales que los del Estatut, no los ha recurrido. Difícil de entender este comportamiento contradictorio. Ya con anterioridad tampoco le importó en llevar el tema del Estatut a las calles, manipulando la información y presentando como un ataque a la integridad de España y contra el resto de los españoles; para encender una hoguera de odios y condenas contra los catalanes. Igualmente llevaron a cabo ataques furibundos contra la Agencia Tributaria de Cataluña creada por una ley del Parlament, que resultan sorprendentes, si tenemos en cuenta que también está prevista en los Estatutos de Andalucía y Baleares. Véase el artículo 181.2, del Estatuto de Andalucía. Y también el artículo 133.1 y .4 del Estatuto de Baleares.
Tampoco debemos olvidar la manifestación celebrada, en la ciudad de Salamanca, para protestar la decisión del Gobierno socialista de devolver documentos del Archivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña, en la que Partido Popular incitó los instintos más primarios de sus correligionarios, recurriendo al anticatalanismo más primitivo. ¡Qué fácil es así mover a las masas¡ ¡Qué desmantelan el Archivo¡ Tengo la impresión de que los dirigentes populares no son conscientes de la desconfianza que han sembrado hacia Cataluña en buena parte de España, con el consiguiente costo político, que será muy difícil de recuperar. O puede que si lo sean, y no les importa, al considerar que les es muy rentable electoralmente en el resto del Estado español. Actuaciones como las comentadas generó que en la anterior legislatura, una institución de la derecha catalana, como es el Círculo Ecuestre, su presidente Manuel Carreras, le manifestara a Rajoy unas palabras muy duras: No nos gusta ver al PP en los extremismos, se debe evitar la fractura entre Cataluña y España, aunque le reporte votos en otros lugares, no pueden mantenerse dos años más una situación como ésta.
Obviamente, los populares han culpado de todo a Rodríguez Zapatero, con el argumento de que ha creado un problema donde no lo había, al haber despertado entre la clase política catalana unas expectativas infundadas. Afirmar tal cosa, no puede ser producto más que de un gran dosis de irresponsabilidad política, como de un desconocimiento total de nuestra historia. En la Historia de España uno de los problemas es el de la vertebración territorial. Y especialmente lo es el incardinar Cataluña y Euskadi en el Estado español. Ya lo reconoció en tiempos de la II República, Ortega y Gasset. Admitido el problema, hay que negociar, pactar, y dialogar. Lo que debe hacerse es tender puentes entre Cataluña y España y no dinamitarlos a cañonazos verbales, y presentando recursos de anticonstitucional contra una Ley Orgánica. Sin embargo, nunca la derecha dirigente española actual ha hecho un esfuerzo serio y generoso para entender el problema de Cataluña, que está revoloteando, hace mucho tiempo ya y de gran complejidad su resolución, por otra parte. No ha caído a nosotros de una teja el 14-M.
Según al catedrático de la Universidad de Valencia, Joan Romero, lo que se pretendía en este proceso abierto en la legislatura 2004-2008 de reformas estatutarias, en un sentido federal, era una amplia puesta al día del Título VIII de nuestra Constitución, desde la perspectiva de décadas de experiencia, como miembro de la Unión Europea y como Estado compuesto, la propia jurisdicción del Tribunal Constitucional, y los importantes cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Que estas reformas, impulsadas por los socialistas eran oportunas, lo demuestra el hecho de los amplios consensos alcanzados en la mayoría de los parlamentos regionales que han tramitado sin más problemas las respectivas propuestas de reforma. De no surgir una sentencia del Tribunal Constitucional que modifique sustancialmente los contenidos del Estatut de Catalunya, ya en vigor, y por analogía otros, como el andaluz, que tiene gran cantidad de artículos con idéntica redacción al recurrido, cuando hayan terminado todas las reformas estatutarias en curso, se habrá alcanzado una importante profundización en el autogobierno de España en sentido federal, entendiendo tal como señala Daniel Elazar, profesor de ciencias políticas en la Universidad Bar Ilan (Israel) y la Universidad de Temple, Filadelfia, Pennsylvania: El principio federal se refiere a la combinación de autogobierno y gobierno compartido.
De todo lo dicho, cabe entender la impaciencia lógica, manifestada hace meses ya en la editorial publicada en los medios de comunicación catalanes de La Dignidad de Catalunya, que comienza a cundir ahora todavía más en amplios sectores de la sociedad y la clase política catalanas, ante el retraso de una sentencia del TC; como también que el presidente catalán haya entablado contactos con todos los líderes políticos catalanes, excepto del PP catalán y els ciutadans, y con el presidente del Parlament, Ernest Benach, para que, en el próximo pleno, la cámara apruebe una resolución a favor de la renovación del T.C., a lo que se niegan por ahora tanto el Gobierno y el PP, y que pueden generar grietas profundas entre el PSC y el PSOE, circunstancia que produce gran regocijo en el PP y CIU.
