La marea postal contra la precariedad en Correos ha llegado ya oficialmente también a la isla de Lanzarote. El personal de Correos, la mayor empresa pública española, está sufriendo unos índices de precariedad laboral y recortes de plantilla que los sindicatos consideran "inaceptables". La situación, según afirmaba este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la secretaria general de la CGT en Las Palmas, Teresa Martínez, empeora por momento para los trabajadores también en el caso de Canarias y de Lanzarote.
Teresa Martínez se ha desplazado esta misma semana hasta Lanzarote, isla en la que se ha motivado en los últimos tiempos una denuncia que el sindicato CGT asegura ya ha interpuesto ante Inspección de Trabajo por el acoso de varios directivos a trabajadores en el municipio de San Bartolomé, donde la central sindical critica también que se están vulnerando derechos laborales.
"El motivo del desplazamiento de la CGT Correos a Lanzarote se ha debido a la continua presión que están recibiendo los compañeros de San Bartolomé a la hora de organizar las tareas de reparto", ha manifestado la secretaria general del sindicato en el programa 'A buena hora'.
"En San Bartolomé contamos con once enlaces rurales y dos urbanos, y nos vemos con el agravio que desde hace tiempo la empresa no viene gestionando las sustituciones correspondientes por vacaciones o bajas, ni tampoco cubre las vacantes de enlaces rurales que siguen pendientes de cubrir por personal con carácter definitivo", ha denunciado Martínez.
Durante la reunión de esta semana con el director de zona, la secretaria provincial de la CGT ha reclamado "que se asuma parte del núcleo de algún enlace rural, que tiene asignada una zona pero que está en período de vacaciones. Lo que correspondería", ha proseguido Teresa Martínez, "es que se contratara a otra persona durante estas vacaciones, pero no es así. Lo que determina la empresa y la persona responsable de esta competencia es que se redistribuya esa zona de repartos con el resto de compañeros de reparto que se encuentran en esa unidad de San Bartolomé".
Los sindicatos ven una clara intención de desmantelar la empresa y el servicio público prestado por Correos, cuyo recorte presupuestario y de personal ha supuesto el abandono de rutas en muchos municipios, retrasos frecuentes y aumento de trabajo para la plantilla, que debe cubrir cada vez mayores áreas de distribución. Esto, además, se ha unido a bajadas salariales en los últimos años, supresión de pagas extraordinarias, disminución de días de asuntos propios, una eventualidad en los contratos del 30% y una enorme incertidumbre entre quienes tienen firmados contratos de tipo fijo discontinuo y a tiempo parcial.
Según el testimonio de la CGT, la empresa pública del servicio postal Correos no está respetando tampoco los derechos de los propios usuarios, recogidos en la propia Constitución española, respecto a los plazos en que deberían llegar ciertos envíos.
La Central General de Trabajadores en Correos critica también que tampoco se estén cumpliendo las mínimas normas de riesgos laborales. Según Teresa Martínez, Correos pasa de aplicar o facilitar las mínimas medidas preventivas hasta el punto de no facilitar siquiera crema para la protección solar de los carteros.
La empresa pierde 15.000 empleos en ocho años, entre denuncias de precariedad y abusos laborales
La situación de Correos se ha convertido en insostenible para la empresa y afecta seriamente al funcionamiento del servicio de reparto en toda España. Estos recortes han supuesto la pérdida de 15.000 puestos de trabajo desde el año 2007 –casi un 23% de su plantilla–. La dirección de la empresa propuso una nueva reducción de otras mil plazas el año pasado.
La compañía finalizó 2014 con 51.000 personas contratadas y con un descenso en el volumen de reparto de casi el 40% respecto a las cifras de hace ocho años. El descenso de la plantilla durante el último año ha sido de 1.200 personas. A esta situación se suma la ausencia de convocatorias de oposición para cubrir los puestos vacantes durante una década, una convocatoria que este mes finalmente se ha hecho pública pero en la que sindicatos como la CGT ven afán recaudatorio y una trampa para muchos aspirantes.
Los sindicatos con representación en la empresa –CGT, CC OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre– llevan desde finales de 2014 optando por la vía de la movilización y la huelga ante la falta de negociación del nuevo convenio, cuando el anterior caducó el pasado 27 de diciembre.
En otros puntos del Estado, la situación es similar, con manifestaciones en Bilbao, Barakaldo, Murcia, Canarias y Alicante, entre otros lugares, por motivos similares.
Ya el año pasado las distintas organizaciones sindicales declaraban estar alerta ante la posible reacción de la empresa con las convocatorias de huelga y movilización del personal. En febrero del año pasado, de hecho, la propia CGT presentó una denuncia penal por prevaricación contra el director de recursos humanos, Luis Pérez Capitá, quien había declarado ilegal una huelga en la empresa en el año 2011.
