El empresario Fernando Becerra Robayna, imputado en el "caso Unión" por un presunto delito de cohecho, ofreció al parecer al actual secretario general del PSOE de Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, compartir una comisión ilegal a cambio de "desbloquear" el desarrollo del proyecto urbanístico Costa Roja, situado en Playa Blanca, Yaiza, y denunciado por la Corporación insular, según desvela la información ofrecida este lunes a última hora por la agencia estatal Efe, que ha sido la encargada de ofrecer la primera información una vez levantado parcialmente el secreto del sumario.
Así figura en el sumario del caso "Unión", que consta de más de 10.000 folios, al que tuvo acceso hoy EFE y cuyo secreto fue levantado parcialmente el pasado viernes día 11 por el magistrado César Romero Panparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife.
La Guardia Civil considera en su informe que Fernando Becerra, que fue detenido y permaneció en prisión por esta causa "no es más que un mero intermediario" del empresario y abogado lanzaroteño Luis Lleó, promotor de la urbanización Costa Roja.
Lleó, que también está imputado en este caso y abandonó la prisión el pasado fin de semana tras permanecer interno varios meses, proyectaba en Costa Roja la construcción de más de mil viviendas en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
El consejero del Cabildo Carlos Espino denunció el 4 de junio de 2008 ante la Guardia Civil "haber sido objeto de un ofrecimiento de pago de comisiones ilegales a través de Fernando Becerra para favorecer los intereses inmobiliarios de Luis Lleó, en cuyo nombre decía siempre hablar".
Espino aportó en su denuncia ante la Guardia Civil una grabación que él mismo realizó a Fernando Becerra durante una de las conversaciones mantenidas entre ambos.
En el sumario se recoge que Becerra le indicó a Espino que el desbloqueo del proyecto Costa Roja podría consistir en "dejar transcurrir determinado plazo para emitir un informe vinculante", en cuyo caso, y por silencio administrativo, el informe se entendería en sentido positivo y propuso una eventual retirada de la demanda administrativa o querella penal ya presentadas.
Para ello, Becerra propone a Espino tomar como base de esa hipotética retirada de los pleitos judiciales algún informe jurídico que argumentara que el procedimiento ( interpuestos por el Cabildo contra el proyecto de Costa Roja) tenía "escasas perspectivas de éxito".
Como compensación por el desbloqueo del proyecto urbanístico, Becerra ofreció al consejero del Cabildo un 2.5 por ciento de los beneficios que resultasen de la venta del suelo una vez desarrollado.
Becerra cifró el valor de la venta en unos 3.000 mil millones de las antiguas pesetas (unos 18 millones de euros) en base a una oferta de compra que al parecer ya sería firme.
Según consta en los autos, Becerra explicó incluso a Espino el procedimiento para hacerle llegar el dinero de la supuesta comisión ilegal que le ofreció.
Según el informe elaborado por la Guardia Civil, Becerra asumiría el papel de testaferro de Espino de tal manera que en su propio nombre o utilizando alguna de sus sociedades adquiriría el 5 por ciento de las participaciones sociales de alguna de la empresa de Luis Lleó, que sería la beneficiaria de la venta de los terreno.
Posteriormente, Becerra vendería a Carlos Espino la mitad de las participaciones así adquiridas, es decir el 2'5 por ciento, pero esta vez mediante contrato privado, que en su momento sería elevado a público, lo que garantizaría la llegada del dinero.
Según consta en una grabación incorporada al sumario, Fernando Becerra se permite incluso detallar cómo se llevaría a cabo el pago final, aludiendo que se haría en alguna cuenta bancaria, pero no de España, sino de Suiza.
Confesiones de los concejales
Los concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez confesaron ante el juez del "Caso Unión" haber cobrado comisiones ilegales a varios empresarios que contrataban obras o servicios con el consistorio, tal y como ha adelantado este martes la agencia Efe.
Rodríguez y Becerra fueron detenidos y encarcelados en el marco de la "Operación Unión", que se desató públicamente el pasado 25 de mayo tras un registro efectuado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el Ayuntamiento de Arrecife, y en el que se investiga un posible caso de corrupción urbanística.
Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe, Ubaldo Becerra dijo ante el juez César Romero Pamparacuatro, que instruye el caso, "que el primero que le habla de la posibilidad de exigir comisiones ilegales" es José Miguel Rodríguez, que entonces era concejal de Hacienda de Arrecife.
Tanto Becerra como Rodríguez detallan en sus declaraciones en el Juzgado las cantidades que percibieron de determinados empresarios que contrataban con el Ayuntamiento capitalino.
Rodríguez declaró que las comisiones son "casi una costumbre" y Becerra reconoció que su "sociedad" con Rodríguez arranca desde los primeros meses de la legislatura, en 2007.
En el sumario consta que uno de los empresarios a los que exigieron el pago de comisiones ilegales fue José Antonio Castellano, quien sobre abril de 2008 vio cómo se le bloqueaban los pagos a su empresa, que prestaba servicios de limpieza al Ayuntamiento de Arrecife.
El bloqueo en los pagos coincidió con la salida del empresario del PIL, del que era militante.
A Castellano se le exigió inicialmente, según las declaraciones de los imputados, el 20 por ciento de la cantidad que se le adeudaba en concepto de comisiones ilegales.
El empresario denunció los hechos a la Guardia Civil, que comenzó una investigación, al tiempo que continuaban las negociaciones entre los ediles y la empresa de Castellano.
En los autos consta que posteriormente se le pidió un 10 por ciento de la deuda y más tarde un 8 por ciento y que Castellano se llegó a enfrentar con Rodríguez, al que le llamó "golfo".
Becerra declaró ante el juez que, "si se solucionaba el tema de Castellano", él, Rodríguez y Matías Curbelo, mano derecha del líder histórico del PIL, Dimas Martín, percibirían cada uno 20.000 euros.
Según la investigación judicial le exigieron un total de 100.000 euros en comisión ilegal.
En el sumario del "Caso Unión" figuran como imputados varios empresarios que admitieron ante el juez haber pagado comisiones ilegales a los concejales del PIL en Arrecife.
Se trata de Antonio Gómez, paisajista; Manuel Reina, de construcciones Reina; y Jesús Manuel Martín, de Infogelanz.
Gómez declaró haber abonado comisiones a los concejales del PIL por la concesión de obras en el parque temático, donde, según las declaraciones, los ediles habrían recibido unos 10.000 euros.
Según declaró Becerra, el otro concejal del PIL "dijo que no se le diera más trabajo" al no haber abonado la cantidad pactada.
Reina declaró que, después de que el Ayuntamiento le pagase unos 40.000 euros por obras en la perrera, le llamó José Miguel Rodríguez "y le dijo que tenía que darle el 20 por ciento de la facturación".
Le llegó a entregar, según su testimonio, unos 4.000 euros en su oficina del Ayuntamiento.
De otra de las empresas citadas, Infogelanz, Rodríguez admitió haber recibido "de 2.000 a 3.000 euros por llevar a cabo los aljibes del parque temático", y añadió que le dio a Becerra su parte "en su casa de Mozaga".
De las declaraciones de varios de los empresarios imputados, como Manuel Reina, se deduce que los concejales les decían que la comisión "era para el partido", porque "necesitaba dinero", y el propio Becerra reconoce en el sumario que las cantidades económicas "siempre se pedían en nombre del partido, es decir, del PIL".
El concejal José Miguel Rodríguez manifestó ante el juez César Romero Pamparacuatro "su ignorancia en la política y que no quiere volver a saber nada" de la actividad pública, mientras que Becerra señaló que había decidido colaborar con la Justicia porque estaba "muy arrepentido" y que "el dinero que ha ganado de esta forma lo ha gastado".
