-"En las reuniones celebradas a tal fin los representantes del Cabildo se expresaron con tanta claridad que llegaron a afirmar literalmente que buscaban una fórmula que satisfaciera a todas las partes sin pasar por decisiones judiciales, sino amistosamente” y con instrucciones de “buscar una salida negociada al asunto”
-"La edificación de las viviendas hoy recurridas "se continuó y se finalizó con el expreso consentimiento de la presidenta del Cabildo que admitió el que las urbanizaciones que estaban avanzadas se finalizaran para no perjudicar a promotores ni a compradores de las viviendas"
-"Será interesante reproducir las conversaciones de empresarios con la presidenta, todas ellas registradas en las que consta el que se alcanzó un acuerdo, su compromiso de no perjudicar en ningún caso a compradores y el de levantar las medidas cautelares. El Juez podrá juzgar quién es el estafador y quién el estafado", sostienen estos promotores
-"En las conversaciones y en las declaraciones públicas de la presidenta y de los responsables del Cabildo ha sido constante el exigir “compensaciones” a cambio de la legalización del Plan Parcial. Inicialmente exigiendo más de 70.000 m2 edificables y finalmente conformándose con 53.454 m2 para el Cabildo en el acuerdo alcanzado con la presidenta, es decir, un volumen equivalente a la nueva terminal del aeropuerto de Lanzarote. Compensaciones que no tienen ninguna cobertura jurídica y que no tienen sentido"
La Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Playa Blanca ha expresado su rechazo a las "descalificaciones" del consejero de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, y se ratifica en su denuncia de la actitud "arbitraria y discriminatoria del Cabildo de Lanzarote al recurrir selectivamente licencias del Plan Parcial Playa Blanca, mientras que exonera de las cargas de los procedimientos judiciales a otros planes parciales igualmente afectados por problemas formales en la publicación de la ordenación urbanística de Yaiza".
Según estos promotores, la edificación de las viviendas hoy recurridas "se continuó y se finalizó con el expreso consentimiento de la presidenta del Cabildo que admitió el que las urbanizaciones que estaban avanzadas se finalizaran para no perjudicar a promotores ni a compradores de las viviendas". "En las reuniones celebradas a tal fin los representantes del Cabildo se expresaron con tanta claridad que llegaron a afirmar literalmente que buscaban una fórmula que satisfaciera a todas las partes sin pasar por decisiones judiciales, sino amistosamente” y con instrucciones de “buscar una salida negociada al asunto”.
Este proceso negociador ha sido sostenido por parte del Cabildo con las premisas siguientes: “solidez jurídica que evite los ataques que pueda recibir la Corporación por tener 60 procedimientos similares y la duplicidad jurídica derivada de reclamaciones de terceros”. Además, hay que situar estas negociaciones con el Cabildo en el contexto de que la Corporación insular "temía la posible llegada de avalancha de pleitos judiciales ya que existen multiples licencias en otros planes parciales que tambien se otorgaron sin haber publicado las ordenanzas en el Boletín".
Para la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Playa Blanfa, "las ventas se han hecho en su totalidad a personas que habían adquirido las viviendas en documento privado con anterioridad a los procedimientos. Hecho que conocía también la presidenta. Era precisamente ese el motivo de que se pactase la continuación de las obras mientras negociábamos una salida al conjunto del Plan Parcial, no se quería perjudicar a los que habían adquirido viviendas y de esta forma se podían elevar a escritura publica los contratos de compraventa privados firmados con anterioridad".
En opinión de estos promotores, el Cabildo puede animar a los compradores a presentar querellas contra los empresarios, "dada la situación de Lanzarote a nadie puede sorprender", dicen. "Será interesante reproducir las conversaciones de empresarios con la presidenta, todas ellas registradas en las que consta el que se alcanzó un acuerdo, su compromiso de no perjudicar en ningún caso a compradores y el de levantar las medidas cautelares. El Juez podrá juzgar quién es el estafador y quién el estafado", sostienen estos promotores.
"En las conversaciones y en las declaraciones públicas de la presidenta y de los responsables del Cabildo ha sido constante el exigir “compensaciones” a cambio de la legalización del Plan Parcial. Inicialmente exigiendo más de 70.000 m2 edificables y finalmente conformándose con 53.454 m2 para el Cabildo en el acuerdo alcanzado con la presidenta, es decir, un volumen equivalente a la nueva terminal del aeropuerto de Lanzarote. Compensaciones que no tienen ninguna cobertura jurídica y que no tienen sentido si el Plan Parcial Playa Blanca, según repiten constantemente los responsables y asesores del Cabildo, era inexistente. Al igual que en el caso de los hoteles está claro que para el Cabildo la legalidad es cuestión de precio, “compensaciones” según la nueva terminología política. Un procedimiento penal puede permitir valorar esta conducta", concluyen.
