viernes. 29.03.2024
El director insular cree que el “poco interés” del Ejecutivo regional por cumplir con el Pacto Conjunto de Actuación en Inmigración obedece a “intereses partidistas” con ciertos ayuntamientos lanzaroteños

Marcial Martín deslocaliza el problema del CIE y pide responsabilidad al Gobierno autónomo

El Estado invirtió durante 2005 un total de 4.439.987 euros en el traslado de inmigrantes desde Canarias, mientras que esa cifra, tan sólo en los cuatro primeros meses de 2006, ya alcanza los 3 millones

El director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Marcial Martín, deslocalizó ayer la problemática existente en torno a la ubicación del próximo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con que está previsto cuente la Isla.

Según Martín, no ya los ayuntamientos lanzaroteños o el propio Cabildo insular, sino más bien el propio Gobierno autónomo de Canarias es el que debería involucrarse más en un conflicto en el que, a su juicio, están más que patentes los “intereses partidistas” a la hora de decidir en qué suelo se levantará el CIE.

El director insular recuerda que el pasado 27 de junio de 2005 el Gobierno central y el regional firmaron el Plan Conjunto de Actuación en Materia de Inmigración, vigente entre 2006 y 2008, y reivindica que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha cumplido con su parte. “El Estado dispone del dinero y de los terrenos, pero es el Gobierno canario el que debería mediar, colaborar y ayudar para que al final pueda materializarse el CIE e incluirse en dicho Plan”, afirmó.

Ya en cuento a la financiación, e cabe destacar que de los cerca de 190 millones de euros con que cuenta inicialmente el Plan, el Estado tiene previsto aportar 127, y la Comunidad Autónoma 63. De todo este montante, el Plan establce unos 2.707.964 euros para la construcción del nuevo CIE en Lanzarote.

Afinidades políticas

Resulta cuanto menos curioso que, según Martín, el Gobierno de CC en Canarias no le haya insistido en esta materia a cierto ayuntamiento lanzaroteño gobernado con el mismo signo político. “Las pegas las están poniendo ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria. El Gobierno autónomo debería al menos facilitar el consenso, estar presente en reuniones con los representantes locales e insulares pues, al final, la demora en la construcción del CIE repercutirá negamente sólo sobre los ciudadanos de la Isla”, dijo.

Como se recordará, en principio el Centro de Internamiento de Extranjeros, que contará con una superficie construida de más de 7.000 metros cuadrados, iba a ubicarse en unos terrenos de Güime, pero la oposición del Ayuntamiento de San Bartolomé llevó a la posibilidad de que el Ministerio del Interior intercambiara con el Ayuntamiento de Teguise ciertos terrenos, una propuesta que finalmente no cuajó.

Por su parte, la mayoría de los ayuntamientos y los representantes del propio Cabildo de Lanzarote, han apostado por situar el centro en los 10.000 metros cuadrados libres con que cuenta el aeropuerto de Guacimeta, extremo que desaconjeraron tanto el Ministerio de Defensa, por interferir dicho proyecto en los planes estratégicos de la Isla en esta materia, como el propio ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), por ser este la entrada de la principal vía de riqueza de Lanzarote.

Plan Conjunto de Actuación en Inmigración

El director insular reveló además que el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para Lanzarote ya está terminado, con una financiación que ha alcanzado los 3.700.000 euros, y que su puesta en marcha tendrá lugar en unos tres meses, una vez que se tramiten los permisos administrativos necesarios para las calificaciones de suelo en los municipios de Haría y San Bartolomé.

El pasado 24 de abril el Gobierno de Canarias evaluó precisamente el cumplimiento del Plan Conjunto sobre Inmigración en Canarias, en una reunión presidida por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumi, y la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo regional, Marisa Zamora. En dicho encuentro se puso de relieve que a lo largo de 2005 los gastos para el traslado de inmigrantes ascendieron a 4.439.987 euros y que, hasta el pasado mes de abril, en 2006 esta cifra ya era de casi 3 millones de euros.

Además, otras actuaciones que contempla el Plan son el incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los medios para la detección de documentos falsos; la creación de un centro de acogida de inmigrantes en Mauritania y actuaciones para centros de menores en Marruecos, además del impulso que se le está dando a los convenios bilaterales de readminisión de determinados países subsaharianos.

Comisaría del CNP en Arrecife

Por otro lado, Marcial Martín aseguró que, pese a que el retraso de unos dos meses en la construcción de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se ha debido a mejoras en la distribución del edificio, las obras estarán terminadas sobre septiembre, aunque no será hasta finales de año cuando se proceda a la apertura oficial.

Según el director insular, la nueva comisaría cubrirá con creces las demandas policiales de la capital, sin que se descarte una ampliación de más de 900 metros en la primera y la segunda planta, una vez que sea inaugurada o después de algunos meses de su apertura oficial.

‘Más asistencia social y menos mano dura con los drogodelincuentes'

El director insular, Marcial Martín, hizo hincapie este lunes en la necesidad de potenciar los servicios sociales no sólo en Arrecife sino en toda la Isla.

Según el representante del Estado en Lanzarote, casi siempre todos los sucesos y las comisiones de delitos en la Isla se relacionan directamente con el ámbito de la seguridad cuando, a su juicio, en la mayoría de las ocasiones guardan más vinculación con una política de prestaciones sociales.

“En Lanzarote no existen habitualmente bandas organizadas ni delincuentes especialistas, sino más bien unos 40 ó 50 drogodependientes que reinciden en la comisión de delitos para poder seguir consumiendo alguna sustancia estupefaciente, es decir, lo que solemos llamar drogodelincuentes”, explicó.

“De ahí que cada vez que un juez puede hacer que estos delicneutes habituales ingresen en prisión, los ínidices de delincuencia se reduzcan considerablemente”, agregó.

Visto así, según Marcial Martín, “habría que potenciar muchísimo más las políticas sociales para intentar la reinserción de estas personas, no ya sólo en la Isla y Canarias, sino en todo el territorio nacional”, apostilló.

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