La diputada del Grupo Popular, Águeda Montelongo, ha pedido este martes al Gobierno de Canarias la modificación de La Ley de Turismo de Canarias con el objetivo de regular los alquileres vacaciones en el Archipiélago porque "53.000 familias canarias dependen de este sector que es una oportunidad real para crear riqueza y empleo".
En el año 2013, el Ministerio de Fomento modificó la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, de 4 de junio de 2013, que cambia sustancialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos y que deja en manos de las Comunidades Autónomas regular el alquiler de viviendas vacacionales.
"Depende ahora del Ejecutivo Canario decidir si se regula esta actividad que puede beneficiar al sector turístico y a la propia administración local. Este tipo de alojamiento turístico no es ilegal. Los cambios normativos las han dejado en un limbo jurídico y necesitan de un marco regulatorio al que acogerse. Canarias debe definir qué es un alquiler vacacional, qué tributos paga y en qué condiciones se oferta al turista que lo demanda para ganar en calidad", aseguró Montelongo.
"Tenemos tres interlocutores en Turismo. El viceconsejero nos dice que este tipo de actividad infiere en la convivencia residencial. El Consejero de Hacienda dice que están trabajando en ello y el Consejero de Turismo no comparece y sólo lo vemos en las ferias".
"Sé que están inmersos en otras fiestas, pero estas son las competencias que tienen que gestionar y que afectan directamente a los canarios. Tenemos un 32% de paro en esta Comunidad y ustedes miran a otro lado", postula la dirigente popular.
Según los datos que baraja la plataforma que pide la regulación de este sector, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAV, este segmento turístico generó en Canarias beneficios superiores a los mil millones de euros.
Según Frontur dependiente del Instituto de Turismo de España, se estima que el 10,8% de los turistas que vienen a Canarias se alojan en Viviendas Vacacionales, lo que se traduce en cerca de 1.300.000 euros y cerca de 200.000 puestos de trabajo.
"Beneficios que se quedan íntegramente en Canarias porque van destinados al pago de la estancia y a otros servicios a los que no tienen acceso en otro tipo de paquetes turísticos como restaurantes, lavanderías, coches, supermercados o el propio sector del taxi", ha afirmado Montelongo.
De hecho, el PP recuerda que el pasado 14 de mayo, la Asociación que promueve la necesidad de regular el sector de alquiler vacacional, ASCAV entregó al Gobierno de Canarias 19.228 firmas y 130 manifiestos de empresas, entre las que se encuentran hoteleras, extra hoteleras, tour operadores, agencias de viajes, inmobiliarias y asociaciones de vecinos.
"El sector está de acuerdo. Los grupos estamos de acuerdo. ¿A qué está esperando el Gobierno de Canarias?", preguntó la diputada que advirtió, "si antes de septiembre el Ejecutivo Regional no regula el sector, el PP promoverá la modificación de La Ley de Turismo de Canarias para definir el marco legal por el que deben regirse este tipo de alojamientos", esgrime la dirigente popular.
"No podemos seguir mirando a otro lado. El Alquiler vacacional no es un problema, es una oportunidad. Una oportunidad para crear empleo de calidad, para generar ingresos a la comunidad porque tienen que pagar el IGIC y otros tributos, es una oportunidad de diversificar y atender el nuevo público que demanda esta opción para sus vacaciones", expuso Montelongo.
La diputada popular, y portavoz en el Cabildo de Fuerteventura, anunció además que solicitará el apoyo de la corporación en el próximo pleno ordinario "porque los Cabildos no pueden permanecer ajenos a la necesidad de regular un sector que demandan muchos turistas en la isla vinculados al turismo familiar y de descanso", apostilla.
