No son tan malos

Todavía recuerdo el impacto que produjo la memoria de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) relativa al Partido Judicial de Lanzarote. El documento advertía, después de haber hablado con el Juez Decano, de que los medios personales no eran los más adecuados para el servicio de Administración de Justicia. El motivo, según el Alto Tribunal, es que la creación de nuevas unidades judiciales ha propiciado tanto la incorporación de nuevo personal “sin experiencia” como el traslado de muchos funcionarios con experiencia a estos nuevos órganos judiciales. La conclusión que saca el TSJC es que “la falta de formación del personal provoca difusiones en el trabajo diario que ha de realizarse”.

De manera inmediata los sindicatos salieron a la palestra para dejar claro que “si los Juzgados no se colapsan es gracias a su labor”. Los representantes laborales expresaron su “profundo malestar” por este análisis hecho por el Tribunal Superior, que, según éstos, no profundizaba “en los problemas” de los Juzgados de Arrecife y que peca de “generalización”.

Frente a las consideraciones del TSJC, los sindicatos de funcionarios achacaban esa supuesta falta de formación a que por parte la Dirección General de Relaciones con la Administración “no se han impartido los cursos de formación previos” a la incorporación al puesto de trabajo.

Pues bien, ahora sale la portavoz del Gobierno, Carolina Déniz, diciendo que el Consejo de Gobierno está muy preocupado por el conflicto educativo, lamentando que los sindicatos “se limiten a solicitar un incremento salarial sin ninguna contrapartida” para mejora de la calidad e insistiendo en que los profesores reclaman "un derecho subjetivo" que ya fue atendido en el año 1991 con la homologación que se realizó entonces. Según Déniz, el Ejecutivo entiende que la equiparación salarial que piden los profesores con respecto a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de igual categoría no es posible, ya que llevan a cabo funciones diferentes y un desarrollo profesional distinto que “no se puede homologar”.

Aunque no estoy de acuerdo en su totalidad con el informe del TSJC sobre los funcionarios que trabajan en los órganos de justicia de Lanzarote o de Canarias, sí que me gustaría conocer otros informes acerca del resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma. No parecen lógicas pues las palabras de Carolina Déniz sobre la homologación ni tampoco me creo la preocupación del Gobierno por el conflicto de la enseñanza, ya que llevan desde la anterior legislatura arrastrándolo sin dar solución al mismo.

La homologación no puede ser una cosa de un año en concreto, 1991, la homologación, una vez que se consigue, debe de continuar plasmándose de forma automática en las nóminas de estos trabajadores y no solamente un año determinado, porque entonces no estaríamos hablando homologación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, homologar es equiparar, poner en relación de igualdad o semejanza dos cosas. La definición es bastante clara, es decir, una vez que se equipara no puede haber vuelta atrás.

La portavoz del Gobierno entiende que la equiparación salarial que piden los profesores con respecto a los funcionarios de la comunidad autónoma de igual categoría no es posible, ya que llevan a cabo funciones diferentes y un desarrollo profesional distinto. Efectivamente, sus funciones son distintas pero no por ello menos importantes. Muchas veces cuando vamos a cualquier organismo público lo comprobamos, numerosos funcionarios ‘escaqueados', en la mayoría de los casos sin hacer nada y con numerosos días libres por libre disposición, vacaciones, horario de verano, horario de Carnaval, etc.. Sin embargo, los maestros y profesores tienen las vacaciones señaladas y nada más. Recuerdo a un director de un instituto de secundaria que me decía que los profesores tenían que tener dos meses de vacaciones porque el desgaste que se produce durante el año es inmenso.

Y eso es verdad, no tiene nada que ver el trabajo que realiza un profesor con el que hace cualquier funcionario de la Comunidad Autónoma que llega por la mañana a realizar su trabajo, no le molesta nadie, no se enfada con nadie, se marca su ritmo y solamente empieza a tener problemas cuando llega a casa y tiene que lidiar con sus hijos, que previamente han estado en la clase de esos profesores a los que muchos han llamado gandules y no sé qué otros insultos más. El profesor llega a clase, se enfrenta a aulas de 30 alumnos o más, sí de los mismos que nosotros tenemos en casa y frente a los que en muchas ocasiones nos declaramos impotentes, y encima tiene que lograr que aprendan algo cuando la postura de estos chicos en la mayoría de los casos es de no hacer nada.

No es un trabajo fácil el del profesor, y menos en estos momentos que corren, por eso me parece cuanto menos osado hablar de que los profesores reclaman un derecho subjetivo. Claro que los profesores son los primeros interesados en mejorar la calidad de la enseñanza, pero tenemos que ser conscientes de que para ello es necesario que todos nos impliquemos, no solamente los enseñantes. Ellos por sí solos no pueden hacerlo si no cuentan con la colaboración del resto de la sociedad y eso es lo que tenemos que hacer entre todos, porque una cosa es la homologación y otra bien distinta es la mejora de la enseñanza en Canarias y eso lo sabe Carolina Déniz y todo el Consejo de Gobierno.

El coordinador de la red de escuelas de paz en Andalucía decía estos días que no existe el fracaso escolar, que debemos hablar de fracaso social y que éste es problema de todos, que no se puede responsabilizar al profesorado exclusivamente en tanto en cuanto muchos problemas del exterior explotan en nuestras aulas y tiene toda la razón del mundo, los profesores no son tan malos.