La vicepresidenta del Gobierno canario y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, defiende la necesidad de cerrar la brecha con el estado en materia de servicios sociales e indicó hoy en sesión parlamentaria que “en el presupuesto para 2016 hemos realizado un notable esfuerzo por incrementar el gasto en programas de políticas sociales y lo elevamos en 28,6 millones, por lo que siguiendo este ritmo de crecimiento lograríamos cerrar la brecha con el Estado en el espacio temporal de esta legislatura”.
Estas declaraciones las realizó Hernández, según explica este martes el Gobierno canario en nota de prensa, en el marco de su comparecencia de este lunes en el Parlamento canario, donde valoró el último informe de desarrollo de los servicios sociales en España, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Hernández aseguró que “con los recursos adecuados y un impulso político decidido, la situación de los servicios sociales en Canarias se puede revertir y eso es, precisamente, lo que nos está ocupando”. No obstante, lamentó que “en cosas como estas es donde se ve la crueldad de las normas impulsadas por el Gobierno central, ya que a pesar de haber cumplido con el déficit y aumentar la recaudación no podemos destinar esta cantidad a mejorar la vida de las personas que peor lo están pasando”.
En su intervención, Hernández aclaró que el citado informe muestra la mala posición de partida de los servicios sociales en Canarias lo que explica “el tremendo esfuerzo que estamos haciendo para mejorar la situación”. “Desde el primer momento nos estamos ocupando de las personas y trabajamos en cada una de las recomendaciones que desprende el informe porque mejorar las estadísticas es mejorar la vida de la gente”, añadió. En este sentido, aclaró que “a pesar de este esfuerzo, las posibilidades de incremento de recursos quedan limitadas por determinadas normas de estabilidad presupuestaria, especialmente por la regla de gasto”. “No podemos obviar el hecho de que el sistema de financiación autonómico está muy estrechamente vinculado a los pobres resultados de nuestros servicios sociales”, apuntó.
Al respecto recordó el intenso trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Políticas Sociales y “prueba de ello es que en 2015 se produjo un número histórico de altas. De forma que si bien se habían dado unas 400 altas en los seis primeros meses del año, en los seis segundos se produjeron más de 1.000, se pagaron las deudas a más de 200 herederos, y adelantamos el pago a la gente a la que se le había dicho que no se le podía pagar”. Además, se refirió al cumplimiento de la partida extraordinaria para poner al día la PCI, “ya que hemos iniciado el año 2016 sin retrasos en el pago de esta ayuda y esto nos permitió poder presupuestar sin herencias y deudas del pasado, poniendo al día 6.412 que estaban sin pagar”.
Respecto a la Ley de Servicios Sociales, Hernández anunció que “en el último Consejo General de Servicios Sociales, celebrado el pasado mes, dimos un paso importante para seguir avanzando en la preparación de esta ley, que hemos decidido que sea participativa y que cuente con el máximo consenso de los agentes implicados en su aplicación. Esta misma semana se empiezan a celebrar las mesas de trabajo que permitirán eliminar los errores cometidos en el pasado, de forma que una ley tan importante no será cuestión únicamente del Gobierno sino del conjunto de la sociedad, porque de poco sirve sacar una ley realizada fríamente en los despachos, cuando de ella se pretende que ayude a las personas”.
