Agencias
El magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps estudia si presentar su dimisión después de que el pleno de este organismo admitiera el pasado lunes por seis votos contra cinco la recusación en su contra formulada por el Partido Popular para impedirle participar en las deliberaciones del recurso presentado por esta formación política contra el Estatuto de Cataluña.
La ausencia de Pérez Tremps rompe el equilibrio entre progresistas y conservadores en el seno del tribunal y, dado que los segundos quedan en ventaja, podría llegar a anular el Estatuto. La de ayer fue la primera vez que se recusa a un magistrado del Constitucional. El juez había anunciado que renunciaría a su puesto si se aceptaba su recusación; al haber sido elegido en el cupo del Gobierno, sería éste el que nombraría a su sustituto en caso de que dimitiera. Cabía así la posibilidad de que fuera presionado para hacerlo para poder así ser sustituido por otro magistrado progresista que restableciera el equilibrio en las deliberaciones sobre el Estatuto catalán.
Pérez Tremps ha dicho que “por lo menos” se va plantear su dimisión, aunque no quiere tomar la decisión “en caliente” y prefiere valorar antes su “situación personal e institucional”, según ha comentado a la Cadena Ser. En cualquier caso, ha señalado que la primera en saberlo será la presidenta del Constitucional, la progresista María Emilia Casas. El magistrado ha negado que nadie le haya presionado en uno u otro sentido; según ha dicho, sólo ha recibido llamadas de “amigos” y “ninguna de contenido político”. Los que le conocen, ha añadido, “saben que una llamada de ese tipo sería contraproducente”.
"Allá cada cuál con su conciencia"
Considera “indigno” que se diga que podría dimitir para ceder el puesto a otro magistrado designado por el Gobierno con poder para decidir sobre el Estatuto. De dimitir, sería “precisamente por dignidad”. Sobre el recurso del PP, ha dicho: “Si no hubiera estado en condiciones [de decidir sobre la posible inconstitucionalidad del Estatuto], no es que no habría aceptado la recusación, sino que me habría tenido que ir del Tribunal previamente, [porque] aquí se viene a defender la Constitución, no a defender Estatutos, ni leyes, ni gobiernos, ni oposiciones”. Pérez Tremps se siente “plenamente capacitado intelectual y éticamente para resolver ese asunto, como los miles que hay que resolver todos los días en el Tribunal”.
No entiende el magistrado “cómo algo puede ser para unas personas una cosa y seis meses después la contraria”, en referencia a los tres magistrados conservadores que votaron en contra de la primera recusación presentada contra él por el PP hace unos meses y a favor de esta segunda. “Allá cada cuál con su conciencia”, ha dicho preguntado sobre la posibilidad de que hubieran recibido presiones políticas.
Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, elaboró un informe sobre las Relaciones exteriores de Cataluña, encargado en noviembre de 2003 por la Generalitat, presidida en aquel momento por Jordi Pujol. No obstante, el contrato fue suscrito por Pérez Tremps con Joan Saura el 8 de marzo de 2004, es decir, 13 meses antes de que fuera designado magistrado del Tribunal Constitucional. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por su colaboración. La elaboración de este informe es considerado por los seis magistrados conservadores como un trabajo de parte que incide directamente en la causa de recusación alegada.
"Estrategia del ruido"
Esta mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha criticado al PP por su insistencia en “pervertir” el funcionamiento del Estado de Derecho, de poner en duda a las instituciones con fines partidistas y de resucitar la “estrategia del ruido” para confundir a la ciudadanía. Así mismo, De la Vega ha acusado a ese partido de ser una derecha cada vez “más extrema” por su empeño en fomentar el “desorden” y la “exaltación” entre los ciudadanos. La vicepresidenta no ha mencionado en ningún momento el caso de Pérez Tremps.
Quién sí lo ha hecho ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, quién ha acusado al PP de “instrumentalizar” el Constitucional y ha tachado de “previsible” que quisiera “cargarse” la reforma del Estatuto.
El secretario ejecutivo de Comunicación del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, ha dicho por su parte que es sorprendente que se haya llegado a la “confrontación” en el seno del tribunal cuando son “tan obvias las causas” de la recusación; además, Elorriaga ha augurado una sentencia “equilibrada y ajustada a derecho” sobre el Estatuto.
