Policía canaria para todos

José Miguel Ruano, el consejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, anunciaba satisfecho este martes, tras el habitual Consejo de Gobierno de todos los martes, la decisión del Ejecutivo canario de aprobar el proyecto de ley de creación de la policía canaria, al que la comunidad destinará 17 millones de euros hasta 2011, aunque se espera que el Ejecutivo español participe en la financiación del nuevo cuerpo, que complementará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ruano defendió este proyecto sobre el que viene trabajando desde hace bastante tiempo, si bien hasta el momento no había sido posible su aprobación debido a la falta de consenso entre los grupos políticos, asegurando que “más policía significa más seguridad”.

Para acallar las críticas recibidas por parte de varios colectivos sociales y políticos sobre las competencias de la policía canaria, Ruano argumentó que su objetivo será servir como grupo “complementario e indiferenciado” al resto de las fuerzas de seguridad del Estado.

Concretamente el Gobierno detalló que las labores de la policía canaria son “de apoyo” en varios campos que se resumen en hacer cumplir la Ley y garantizar los servicios públicos esenciales. El grupo de seguridad, todavía sólo activo en el proyecto de Ley, realizará funciones de soporte a la policía judicial, vigilará los espacios públicos, protegerá en las manifestaciones cuidando el orden público. Colaborando con las fuerzas ya existentes, protegerá el medio ambiente y los recursos, velará por el cumplimiento de la legislación turística en Canarias y por la normativa sobre el Patrimonio Cultural Canario. Además colaborará con Salvamento Marítimo y prestará auxilio en caso de accidentes u otra calamidad.

“Se trata de un modelo de seguridad pública, no ciudadana”, subrayó Ruano, añadiendo que “si se quiere disminuir el índice de criminalidad en las Islas se debe complementar a las fuerzas del Estado con la policía canaria”.

No parece pues una idea alocada en unos momentos en que la seguridad brilla por su ausencia. Aunque tanto el delegado de Gobierno, José Segura, como el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Carmelo García Déniz, quitan hierro al asunto y no se cansan de decir que la seguridad ha aumentado en las islas y que cada vez son más los policías destinados a Canarias, todos sabemos que esos policías en cuanto pueden, que suele ser al año o incluso menos, piden traslado para la Península, corroborándose así la situación expuesta por el propio Ruano, que maneja unas cifras muy distintas a las del Gobierno español, donde Lanzarote y Fuerteventura se llevan la peor parte.

Un ejemplo de ello lo tenemos en esta Isla, donde está demostrado que ha aumentado la inseguridad, a pesar de los intentos de Carmelo García Déniz de sosegar el ambiente. Aunque Ruano ha insistido en que será una policía complementaria que velará por la seguridad pública y no por la seguridad directa de los ciudadanos, parece claro que al haber una policía complementaria, los poquitos policías nacionales que nos mandan desde el Estado podrían dedicarse a tiempo completo a la seguridad de los ciudadanos, porque, insisto, la seguridad está de capa caída en la Isla, y si no, tan solo tenemos que remitirnos a los numerosos casos no resueltos de asesinatos que se han producido en la Isla y de los que aún no hay culpables ni sabemos si los habrá algún día.

A pesar de la negativa que siempre ha existido por parte del Estado, -por cierto este mismo martes se aprobaba el Estatuto de Castilla-León sin hacerse ninguna modificación por parte del Gobierno y sin tener que volver siquiera al Congreso-, es evidente que la policía actual no es suficiente para una Isla como Lanzarote, donde ha crecido muchísimo la población y con ello los delitos y, por supuesto, la inseguridad.

Parece claro, pues, que Canarias necesita su propia policía, aunque desde esta isla pequeñita haríamos un ruego al propio José Miguel Ruano y al actual Gobierno de Canarias y es que esa policía esté repartida proporcionalmente entre todas las islas, que no se quede solamente en Gran Canaria y Tenerife, que se den cuenta de una vez por todas de que Lanzarote requiere una serie de números que en la actualidad no los tiene y que si eso no se produce, seguiremos ocupando los puestos más altos en las estadísticas sobre inseguridad, cosa que no es buena para el turismo, principal fuente de ingresos de Lanzarote y de Canarias en general.

No nos podemos comportar como lo hace el Estado con Canarias, porque todas las islas y todos los canarios tienen las mismas necesidades. Precisamente este mismo martes el consejero de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, Juan Félix Eugenio, calificaba los presupuestos regionales para 2008, todavía en fase de proyecto, presentados por el Gobierno de Canarias, de “discriminadores, insensibles con la realidad de Lanzarote y partidistas”.

Según el consejero, es muy grave que el cálculo del porcentaje de las inversiones arroje para 2008 “un saldo negativo de 0,23%, mientras que en 2007 se incrementó en un 13'5%”. Juan Félix Eugenio aseguraba que esto suponía “una reducción de 1.002,315 con respecto al pasado año y la consiguiente limitación de las posibilidades financieras del Cabildo”. En total, decía que “la cantidad que Lanzarote dejará de percibir, entre inversiones y transferencias corrientes, asciende a más de tres millones y medio de euros”.

Y esto, si es así realmente, no puede permitirse. No podemos hacer nosotros con las islas menores lo mismo que hace el Estado con Canarias porque con esta actuación avalamos al propio Gobierno español. Seamos conscientes de que las islas mal llamadas menores tienen sus necesidades y que esas necesidades ya no son las de antes.

Si el Consejo Consultivo da el visto bueno, decisión con la que cuenta el Gobierno de Canarias, la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria estará aprobada entre febrero o marzo del año que viene y los primeros cien efectivos rondarán las calles a finales del 2008.

En cuanto a la financiación, el Gobierno de Canarias adelantó que espera subvencionar un despliegue de hasta 300 efectivos, el resto correría a cargo del Gobierno central. En este sentido, Ruano explicó que la idea del Gobierno es seguir las pautas de la policía gallega: Competencias complementarias y financiación conjunta.