Por Damián Peña Martín
La situación por la que está atravesando la Empresa Insular de Aguas (Inalsa) es francamente preocupante. Además del importante déficit económico que la empresa está mostrando, no se percibe una claridad en cuanto al modelo de gestión que se pretende para esta empresa pública. Se transmite cierta sensación de estancamiento y de ausencia de una estrategia y planificación empresarial definida.
Inalsa sería otro de los grandes temas en los cuales resulta necesario un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas. El abastecimiento y suministro de agua en una isla como Lanzarote es demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de uno de los socios de gobierno de la actual corporación insular.
La Empresa Insular de Aguas es de titularidad pública y, por lo tanto, patrimonio de la ciudadanía. No deberíamos, por consiguiente, desentendernos ni permanecer indiferentes ante una situación que, realmente, pone en peligro la viabilidad de esta entidad. Simplemente también por la sencilla y egoísta razón de que las consecuencias las íbamos a pagar todos en Lanzarote. Todos y mes tras mes.
Si ya los precios de primera necesidad son en Lanzarote, innegablemente, espectaculares, uno puede imaginarse lo que supondría para el consumidor una empresa como Inalsa, que tiene el monopolio del suministro de agua en la isla, en manos de algún grupo empresarial.
Sin duda alguna, el agua es un negocio y en Europa existe realmente una guerra entre los grandes grupos empresariales por hacerse con ese negocio sumamente rentable que difícilmente dejará de serlo mientras que entre nuestras necesidades fisiológicas básicas se encuentre el beber y ducharnos con cierta regularidad.
Que en otras islas se haya optado por la privatización de las empresas abastecedoras de agua, no debe ahora incitarnos a seguir los mismos pasos. Más bien, todo lo contrario. Ello debería motivarnos a frenar y dar soluciones a tiempo a la crisis de Inalsa. Sobre todo, antes de que alguien nos quiera hacer creer que su privatización es la única, y para las arcas públicas menos costosa, salida posible.
Inalsa es una empresa pública y debería seguir siéndolo. El debate se tiene que producir ahora sin falta en torno a la optimización de su gestión y funcionamiento. Dejar de hacerlo evidenciaría que lo que se pretende es posiblemente otra cosa.
