jueves. 28.03.2024

Fotos: Dory Hernández

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé aprobó este miércoles concertar diferentes operaciones de tesorería por un valor de más de tres millones de euros. Con esta medida el equipo de gobierno aspira a cancelar las pólizas actualmente vigentes contraídas por el Consistorio desde el año 2002. Estas maniobras, permitidas no obstante por la normativa que rige las instituciones locales, contaron con el lógico respaldo del equipo gestor pero encontrar una fuerte contestación entre los grupos opositores. Tanto el Partido Socialista (PSOE) como Alternativa Ciudadana (AC) criticaron la política financiera que se desarrolla en el municipio al entender que con esta iniciativa se está “arruinando al Ayuntamiento”, tal como denunció el portavoz del grupo socialista, Andrés Stinga, al término de la sesión plenaria. Según Stinga, “estas pólizas actúan como una tarjeta de crédito, es decir, que se concede un adelanto de dinero para disponer de ello en determinadas situaciones pero luego hay que hacer frente a los pagos y eso no se está cumpliendo”.

El representante de la agrupación progresista recordó que el municipio tiene pólizas correspondientes al 29,9 por ciento sobre el presupuesto de 2005 que hasta la fecha no han sido abonadas.

La oposición, excepto la abstención del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), tampoco se mostró conforme con la aprobación del reconocimiento extrajudicial de deuda abordado por el pleno municipal. Mientras que el grupo de gobierno dio luz verde al pago de unos 370.000 euros a la empresa RECAM S. L., encargada de la recaudación municipal, PSOE y AC 25-M votaron en contra ya que se trata de un contrato "nulo", según el PSOE. Para los socialistas “no es de recibo que se reconozcan facturas de los años 2002, 2003, 2004 y 2005” ya que la mayoría de ellas “han prescrito”. Y es que según el representante de la agrupación progresista existe “un informe del interventor que especifica que cuando pasan cuatro años prescribe la factura”, por lo que a su juicio son talonarios caducados. “No es justo que se deje de pagar a determinados empresarios del municipio porque sus facturas han prescrito y a esta empresa se le quiera abonar esta cantidad”, apuntó Stinga.

Nuevo informe ambiental del Plan General

En otro orden de cosas la corporación municipal dio luz verde al nuevo informe de sostenibilidad ambiental del Plan General de la localidad, documento indispensable para dar viabilidad al avance del nuevo planeamiento, actualmente en fase de exposición pública. El texto de impacto ambiental se expondrá ahora a información pública durante 45 días tal y como establece la norma. Este punto contó con la aprobación de todos los grupos, aunque los socialistas reclamaron ampliar el plazo de todo el documento. “Entendemos que lo que hay que poner a exposición pública no es sólo el informe de impacto sino el documento de avance del Plan General por si hay algún vecino necesita revisar el texto”, pidió Stinga.

Por último, el pleno de San Bartolomé designó a su representante municipal en el Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento y Extinción de Incendios, una tarea que recaerá en la figura del actual concejal de Tráfico de la localidad, Carlos Martín.

En el apartado de ruegos y preguntas el PSOE manifestó su interés por el consumo de cemento registrado en el municipio y solicitó al grupo de gobierno una relación de todas las obras acometidas por la Institución en los últimos tres años. Asimismo se planteó la necesidad de ejecutar trabajos de mejora en la señalización viaria de las calles del pueblo así como la inmediata retirada de una pintada contra la Policía Local.

San Bartolomé aprueba operaciones de tesorería por más de tres millones de euros para...
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