jueves. 28.03.2024
El presidente del Cabildo prevé que el propio Plan General de Yaiza, que debe dar la seguridad jurídica, contemple la vía para que los hoteles tengan una salida

San Ginés asegura que no solo no habrá amnistía para los hoteles, sino que en el Cabildo no habrá discrecionalidad política

El viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, insiste en que la única forma de acabar con la inseguridad jurídica es que ayuntamientos y cabildos hagan sus deberes urbanísticos

Después de que el Cabildo de Lanzarote remitiera este jueves a los juzgados el dictamen jurídico anunciado sobre los informes de compatibilidad establecidos por el vigente Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) a emitir por la Institución, el presidente, Pedro San Ginés, ha asegurado este viernes en el programa ‘A buena hora’, de Crónicas Radio, que no solo no habrá amnistía general para los establecimientos turísticos con licencias anuladas por los tribunales sino que, sobre todo, lo que no habrá con la actual dirección política será “discrecionalidad política” que escape al control de la justicia.

El máximo dirigente cabildicio se ha referido así a lo sucedido en etapas anteriores en la Primera Corporación lanzaroteña, cuando, según ha venido denunciando su organización política, Coalición Canaria (CC), promotores afectados e incluso el propio Gobierno de Canarias, ha habido un doble rasero o vara de medir a la hora de consensuar soluciones según se tratara de unos u otros hoteles. Para San Ginés, “por la ineludible supervisión y visto bueno del juzgado que corresponda, no cabe la más mínima interpretación de desviación de poder o fraude al interés general, cuyo garante son los tribunales de justicia”.

“Claro que no habrá amnistía", ha esbozado, "y sobre todo lo que no habrá será discrecionalidad política exenta del control de la justicia, que es el garante del cumplimiento de las sentencias y la legalidad”, ha expresado el presidente. “Obviamente no hay amnistía ni la puede haber para los hoteles ilegales. Se prevé que el propio Plan General de Yaiza, que debe dar la seguridad jurídica, contemple la vía para que los hoteles tengan una salida. Es verdad que se han anulado las licencias por una cuestión de forma y no de fondo, lo que no quiere decir que no existan también errores en el fondo en la otorgación de las licencias. Si alguien hizo alguna planta de más o algo que se subsanable dentro del Plan General, y que los jueces así lo entiendan, tendrán que compensar vía convenio al interés general en los términos en que se establezcan en el Plan y en el convenio”, ha explicado San Ginés.

Transparencia

San Ginés cree que tras la entrega del dictamen a los juzgados, se demuestra que el Gobierno insular no ha pretendido secuestrar ningún tipo de información sobre los informes de compatibilidad del Plan Insular, tal y como han venido asegurando desde el Partido Socialista en Lanzarote

De esta forma, para el presidente, “lo que verdaderamente importa es que los juzgados, a los que se remite ese informe, saben que no es cierto que el Cabildo haya estado echando balones fuera diciendo que no iba a emitir los informes de compatibilidad”.

San Ginés afirma que desde el Cabildo “asumimos que tenemos que hacerlo y en el dictamen se hace un recorrido por la actual situación jurídica y se les explica a los jueces que los informes tendrán alcance distinto en función de que se trate, por una parte, de planes adaptados al Plan Insular, o no, y de que sean licencias nuevas de cualquier naturaleza y, por otra parte, de licencias en orden a reestablecer el orden jurídico infringido, es decir, las licencias que han sido anuladas, en cuyo caso, se advierte al Ayuntamiento de algo que es condición inevitable, la fiscalización, supervisión, validación y visto bueno por parte de los jueces, de todos los procesos”.

Es lo que el dirigente de CC ha querido destacar “porque hay ciertos sectores que insten en arrojar sombras sobre la actual dirección política y su intencionalidad, como si fuera posible saltarnos las sentencias conculcando el interés general. No solo no hay intención de hacer esto, sino que además no es posible hacerlo aunque se quisiera y no se quiere ni se puede, pues tiene que estar supervisado por la justicia”.

Lagunas e inseguridad jurídica

Según San Ginés, desde el punto de vista técnico, el informe, compuesto por unas 34 páginas, viene a decir que “los informes de compatibilidad no tendrán el alcance suficiente”.

“No lo tendrán en la medida en que existe una inseguridad jurídica que solo puede ser asumida con la aprobación definitiva del actual Plan General de Yaiza, por cuanto nadie ha podido acreditar, ni siquiera el Gobierno de Canarias, que se haya concluido la tramitación de los planes parciales con todas las bendiciones, incluida la diligenciación de los planos de la planimetría, con lo que hay una laguna jurídica que va a provocar que los informes de compatibilidad no sean del todo certeros ni tengan todo el alcance, que tendrán bien cuando el Plan General de Yaiza esté terminado, o bien, en algunos casos, cuando se aprueben esas normas sustantivas y supletorias que cubran el vacío legal que tiene hoy el PIOT, el Plan Insular, desde el punto de vista de la programación, a juicio del informe de Luciano Parejo” [el catedrático que elaboró el último dictamen jurídico encargado desde el Cabildo en relación a los hoteles ilegales].

Deberes de ayuntamientos y cabildos

Por su parte, el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el lanzaroteño Mario Pérez, ha explicado en Crónicas Radio, justo antes de partir hacia la Graciosa para participar de una nueva sesión del Consejo de la Ciudadanía, que el Ejecutivo canario sigue luchando para que los municipios y los cabildos hagan sus deberes urbanísticos, la única manera, ha dicho, de que exista seguridad jurídica.

“Desde el Gobierno de Canarias hemos desbloqueado algunos asuntos que dormían en algunos cajones, como el impacto medioambiental de la Desaladora Lanzarote V, o la calificación del campus universitario en Lanzarote”, ha recordado el viceconsejero.

Mario Pérez ha añadido que “hemos puesto sobre la mesa la necesidad de tener seguridad jurídica. Tenemos que hacer los deberes urbanísticos. No puede ser que no tengamos planes generales; el último ejemplo ha sido el Aparcamiento Islas Canarias, donde nos hemos sentado con el Ayuntamiento de Arrecife y le hemos dicho que no habría pasado absolutamente nada si se hubiera contado con un Plan General, ni tampoco habría pasado nada con algunas infraestructuras muy potentes pendientes con urgencia del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, del Plan General de Yaiza o del Plan Territorial Especial Turístico de la Isla”.

Por eso, ha afirmado, “estamos empeñados y presentamos hace más de un mes el Avance del Plan General de Arrecife, para sacar adelante esos planes que son absolutamente necesarios y para no vernos después en problemas sobrevenidos porque urbanísticamente se ha venido administrando la rutina en Lanzarote”.

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