La polémica que en los últimos meses ocupa a toda España por el nuevo sistema de facturación de la electricidad y por el sobreprecio cobrado por las eléctricas a miles de usuarios no dejó a Canarias de lado. Al igual que en el resto del país, la eléctrica que en el Archipiélago ejerce el monopolio aprovechó las nuevas normativas para hacerse con algunos euros demás.
Dos son los reales decretos que provocaron esta situación. En septiembre de 2008 entró en vigor la obligación de facturar la electricidad mensualmente. Sin embargo, las compañías no están obligadas a revisar los contadores cada mes, sino de forma bimensual, como han venido haciendo siempre. Y así, la facturación que corresponde al mes en el que no se revisan los contadores se hace de forma estimada, en base al llamado ‘consumo histórico'.
El lío llegó a la hora de facturar el mes de diciembre de 2008, que se hizo de forma estimada, aplicando un consumo a la baja, de aproximadamente un 40% del consumo real. Lo que consumió en diciembre cada usuario demás sobre lo estimado se cobró en enero, pero eso sí, aplicando las nuevas tarifas de 2009 que entraron en vigor en enero. Por tanto, muchas familias pagaron en enero electricidad consumida en diciembre a precios de 2009. Esta situación originó una cascada de denuncias que ahora empiezan a dar resultados.
La primera comunidad en obligar a las eléctricas a devolver el dinero a los consumidores fue Andalucía. Ahora es la Dirección general de Energía del Gobierno canario quién en una resolución de 10 de marzo obliga a Unelco a refacturar los recibos correspondientes a diciembre. Las normas para la refacturación, además, obligan a la empresa a indicar en el recibo de cada usuario la cantidad y el consumo exactos de diciembre, así como la cuantía a devolver por el sobreprecio aplicado.
‘Penalización encubierta'
Como explicó este martes en declaraciones a este diario el portavoz de Aculanza, Fernando Jiménez, las eléctricas, entre ellas Unelco, se aprovecharon además del nuevo sistema de penalización por consumo excesivo que entró en vigor en enero de 2009. Según un estudio realizado por la FACUA sobre 28.000 facturas de diciembre - enero, a un 12% de estos recibos se aplicó una “penalización encubierta”. Según el mismo estudio, en toda España las eléctricas deberán devolver a los consumidores cerca de 80 millones de euros.
