sábado. 20.04.2024

La Audiencia Provincial de Las Palmas sorprendía a todos el pasado miércoles haciendo público un auto en el que determinaba que la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de reducir la condena a Dimas Martín se tomó con «clara infracción» de la Ley. La revocación de la medida, que parece claro que afectará al tercer grado del que actualmente disfruta el político lanzaroteño, -no sabemos si de forma inmediata o después de que Instituciones Penitenciarias reciba dicho auto y haga el informe correspondiente-, responde al recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número uno de la capital grancanaria que el pasado 16 de noviembre aprobó conceder a Dimas Martín Martín 10 meses de redención extraordinaria sobre su condena a ocho años de cárcel basándose en certificados de su participación en actividades programadas en la cárcel de Tahíche.

Precisamente la redención extraordinaria concedida a Martín por el Juzgado fue uno de los motivos sobre los que se apoyó el Ministerio de Justicia para conceder al político lanzaroteño el tercer grado penitenciario el pasado 20 de diciembre, justo cuando cumplía el primero de los ocho años de cárcel que en 2004 le impuso la propia Audiencia como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de fraude a la Hacienda Pública y un tercero contra la seguridad social.

Pues bien, la Audiencia en este auto acepta las tesis del fiscal y dice que en el expediente de redención «no consta informe favorable del tribunal sentenciador» preceptivo conforme al artículo 71.4 del Reglamento de los Servicios de Prisiones. Tampoco puede determinar que en la conducta del recluso concurran circunstancias especiales de laboriosidad, disciplina y rendimiento, apuntando que en el caso de Martín lo único que se menciona es su participación en actividades programadas por el centro, pero no en qué condición lo hace ni tampoco los resultados obtenidos. La Sala considera además que “la resolución adolece de suficiente motivación, pues se limita a mencionar artículos del reglamento que se refieren a una redención ordinaria ya concedida al político sin la oposición del Ministerio Fiscal”.

No cabe duda de que esta decisión de la Audiencia Provincial, que se conocía desde el martes, a pesar de que a este medio llegó oficialmente al día siguiente, puede haber influido en el cambio de actitud de los independientes frente a un pacto de gobierno que cada vez estaba más roto. Es obvio que desde ese mismo día sendos partidos intentan aparentar “buen rollito”, -recordemos la escenificación del ‘todo está resuelto' que se hizo durante la presentación de instalación de placas de energía térmica en el matadero, con una foto de las consejeras Lourdes Bernal (PSOE) y Nereida Pérez (PIL)-, que intentaban reflejar eso, que todo está olvidado y que el pacto de gobierno no se rompe, por lo menos hasta después de las elecciones.

Desde el inicio de esta crisis, que según el presidente del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Antonio Hernández, que ahora padece una especie de olvido generalizado y ‘donde dije digo, dice diego', data de hace cuatro meses, es decir dos meses después de su firma, el PSOE siempre estuvo tranquilo e incluso con una parsimonia nada normal, teniendo en cuenta los graves acontecimientos que se iban sucediendo. En ningún momento se reunió la Comisión Ejecutiva Insular del partido para analizar nada, como ha ocurrido en otras ocasiones, y nunca, por lo menos por parte del alcalde y algún que otro miembro de la Mesa de seguimiento del Pacto, se le dio a esos problemas la importante que se les daba desde la otra parte, el PIL. Se hablaba de que el PSOE tenía un ‘as' muy potente en la manga.

No queremos decir desde estas líneas que los acontecimientos judiciales tengan algo que ver con los políticos, pero lo que sí es cierto es que en torno a los movimientos del PIL y, sobre todo, de su líder, Dimas Martín, siempre ha habido esa especie de confluencia entre justicia y política. Recuérdese si no, ese primer tercer grado que se le dio en noviembre y que tres horas después se le quitó sin que Instituciones Penitenciarias haya aclarado aún las circunstancias que concurrieron ese día para proceder a la retirada de ese beneficio. Durante esos días fueron noticia las declaraciones de Juan Fernando López Aguilar, el secretario general de los socialistas canarios, repitiendo en la cadena Ser aquellas otras declaraciones, hechas antes de la firma del pacto entre el PSOE y el PIL, en las que comparaba a Dimas Martín con el ‘cartel de Medellín'. En ese momento concurría también la celebración del congreso de los socialistas canarios y la visita a Gran Canaria del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora que surgen nuevamente problemas graves entre el PSOE y el PIL, -no olvidemos como lo hace ya de forma reiterada Antonio Hernández, las declaraciones de éste último en el programa “El Despertador” de la radio de Agustín Acosta, en las que aseguraba sentirse “atado” y no aguantar más zancadillas, denunciando la situación de “parálisis” del Consistorio “que hará difícil pagar nóminas el próximo año o que el alcalde no haga nada por solucionar problemas entre los concejales”. El presidente del Partido de Independientes de Lanzarote, que anunció que no estaba dispuesto a continuar con el actual pacto en el Ayuntamiento de Arrecife, denunció incluso lo que todos veíamos a diario y es que en Lanzarote no se mueve nada, ni el PTE, ni el PIOL, ni el Plan General-, aparece este auto judicial respondiendo al recurso presentado por el fiscal, que de alguna manera frena cualquier movimiento del PIL.

La consejera del Patronato de Turismo y destacada dirigente del PIL, María José Docal, afirmaba sin pelos en la lengua días pasados que Dimas Martín era “un preso político”. Nosotros no creemos que sea así, no es precisamente la situación del político lanzaroteño la de un preso político ni tampoco responde a la definición del término, pero sí es cierto que a lo mejor es hora ya de empezar a ver al PIL separado de la figura y los avatares personales de Dimas Martín. No cabe duda de que es positivo que se hayan resuelto los problemas entre el PSOE y el PIL y que, de una vez por todas, se empiecen a hacer cosas por la isla (lo demuestran la cantidad de notas informativas del Cabildo con el comienzo de las obras de la circunvalación, la conversión de la Casa Amarilla en Patronato de Turismo...), pero que sea porque realmente se han cerrado las heridas abiertas y no por este nuevo varapalo judicial contra la persona de Dimas Martín. El PIL y el PSOE tienen que funcionar como partidos y no como un alargamiento de la figura de Dimas Martín y el consiguiente uso o mal uso de los poderes del Estado por parte del partido en el Gobierno. Seamos serios y actuemos con las manos limpias para bien y para mal.

Varapalo
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