Canarias amplía la declaración de emergencia en materia de menores migrantes con el fin de garantizar su protección
El Ejecutivo de Canarias ha acordado este lunes durante su habitual encuentro del Consejo de Gobierno la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizado una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias.
Tras el encuentro, el Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo ha recordado que en agosto de 2023 ya acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes que entonces llegaban a las islas, adoptando cuantas medidas ha tenido en su mano para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados. Sin embargo, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos.
Por ese motivo, ante el agravamiento de dicha emergencia migratoria, el 2 de septiembre de 2024, Gobierno de Canarias acordó reiterar dicha declaración de emergencia migratoria, al objeto, entre otros, de impulsar con la máxima prioridad un conjunto de medidas para hacer frente a dicha situación, en especial las relativas a la concertación de nuevas plazas para atender a los menores y la ampliación de la plantilla de personal destinada a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familia.
La situación actual, de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, queda descrita según el Gobierno en los datos sobre la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Canarias para atender a los migrantes menores no acompañados. A fecha de septiembre de 2024 se registraban 4.285 menores tutelados por el Ejecutivo canario, el 36,5% del total nacional. Esta cifra se ha incrementado superando los 5.800 menores en febrero de 2025, por lo que la capacidad de acogida de los 86 centros destinados a este fin se ha visto desbordada, con una media de ocupación de los centros de acogida alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte.
A pesar de los esfuerzos realizados, el Ejecutivo apunta en su nota de prensa que la continua llegada de menores y la saturación persistente de los centros de acogida evidencian la necesidad de ampliar la declaración de emergencia agravada, con el fin de incrementar la capacidad de los centros existentes y habilitar nuevas instalaciones adecuadas para garantizar entornos seguros para la infancia y la adolescencia migrante; reestructurar los centros según los perfiles de menores; contratar y formar a profesionales en áreas como trabajo social, psicología e interpretación, esenciales para la atención integral de los menores y acelerar los trámites necesarios para la documentación y regularización de los menores, facilitando su integración y acceso a derechos básicos.
Con esta acción creen que se podrá, en definitiva, movilizar los recursos necesarios, fortalecer las infraestructuras de acogida y garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados.
Jóvenes con medidas judiciales
Por otro lado, el Gobierno ha autorizado también este lunes la realización del gasto derivado de la Orden de encargo a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para la realización de determinadas actividades en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, por un importe 24.310.174,65 euros.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias desarrolla, a través de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, un programa de actividades relacionadas con la ejecución de las medidas dictadas por los jueces y fiscales de Canarias, para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en Canarias.
La Fundación Canaria de Juventud IDEO es una entidad sin fin lucrativo, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes en cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra “el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren”.
El Ejecutivo autonómico recuerda en su nota que la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45.1, establece que la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Autónomas.