La Fiscalía se querella contra cuatro empresarios por el tercer caso de posibles cobros fraudulentos en la venta de mascarillas al Gobierno de Torres
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia por un importe de 22,9 millones de euros, de los cuales los empresarios se habrían quedado unos 10 millones. Al respecto, la Fiscalía ha matizado este martes en un comunicado que los hechos no guardan relación con el llamado 'caso Koldo'. Sin embargo, llama poderosamente la atención cómo es posible que aparezca el asunto, el tercero de estas características en el Archipiélago y que afecta al mismo Gobierno, al del socialista Ángel Víctor Torres, en medio de la otra gran investigación nacional sobre un asunto que ha hecho saltar por los aires los cimientos del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez y del propio Partido Socialista (PSOE).
Entre los investigados se encuentran el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el ex consejero en el Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna. En su comunicado, el Ministerio Fiscal explica que dicha investigación se inició tras la presentación de denuncia por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT, que observó una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.
Por otro lado, el diario La Provincia adelanta en su edición de este miércoles que la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha abierto también otra investigación por un presunto delito contra la Hacienda Pública en dos ventas de material sanitario al Gobierno de Canarias por un importe de 22,9 millones entre 2020 y 2021 atendiendo a lo expuesto por la Fiscalía. Además de Ramírez y de Bravo de Laguna, están imputados el intermediario madrileño Noel Jammal Fernández y el empresario Christian Cerpa Espino.
La jueza inició el 7 de febrero la instrucción tras detectar indicios de un presunto fraude fiscal por los beneficios obtenidos por las operaciones de compraventa. En el auto, según explica el rotativo Gran Canario, se detallan los presuntos delitos fiscales de Rodríguez, Bravo de Laguna y Cerpa, pero no los de Jammal. Las indagaciones se inician "sin perjuicio" de que en el desarrollo de la Instrucción puedan apreciarse indicios de otros delitos de blanqueo de capitales, corrupción y malversación, como acusan la Fiscalía y la Agencia Tributaria en sus respectivas querellas.