Canarias requiere al Estado el abono de más de 157 millones por la atención de menores migrantes

Las cinco mesas de trabajo del Reto Demográfico elevarán sus propuestas al Gobierno a partir del 15 de octubre

Imagen del encuentro del Consejo de Gobierno de este lunes.
Las medidas consensuadas por representantes del Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos saldrán a exposición pública el 21 de octubre para que sean enriquecidas por todos los interesados

Las cinco mesas de trabajo del Reto Demográfico elevarán sus propuestas al Gobierno de Canarias a partir del próximo 15 de octubre. Siguiendo el mandato de la Conferencia de Presidentes, los equipos sectoriales conformados por representantes de la comunidad autónoma, de los cabildos y de los ayuntamientos plantearán medidas concretas para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en las islas. Una vez recibidas las propuestas, el Gobierno de Canarias, según ha confirmado este lunes en nota de prensa tras el encuentro del Consejo de Gobierno, abrirá un proceso de exposición pública para que representantes de sectores económicos, organizaciones sociales, universidades, centros de conocimiento y sociedad civil en su conjunto puedan enriquecer con sus enmiendas las iniciativas consensuadas por los grupos.

El calendario marcado por el Gobierno contempla finalizar este proceso de consulta abierta a principios de noviembre. A continuación, y en línea que el compromiso adquirido por el presidente Fernando Clavijo durante la reunión del pasado 30 de abril en el Parlamento, se convocará una segunda reunión de la Conferencia de Presidentes en la que se espera aprobar iniciativas concretas para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el archipiélago.

Alfonso Cabello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno con el consejero de Agricultura, Narvay Quintero.

En este sentido, el portavoz del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, ha subrayado que los grupos “han trabajado con intensidad y constancia” en los últimos cinco meses en busca de soluciones que afronten retos actuales del archipiélago como el acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio, el reparto más justo de la riqueza que genera el sector turístico o las diferencias de población entre islas y municipios.

Para Cabello, este trabajo y las conclusiones que se conocerán a partir de la próxima semana demuestran que “está en marcha el compromiso del Gobierno autonómico de diseñar un modelo de desarrollo para Canarias respetuoso con nuestro medio ambiente”, gracias al diálogo constructivo que “nos va a permitir establecer una hoja de ruta para guiar la transformación del archipiélago hacia la sociedad más sostenible en la que queremos vivir en las próximas décadas”.

Tres ejes de trabajo

Las cinco mesas del Reto Demográfico iniciaron su labor el pasado 24 de mayo en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, se han reunido de forma continuada para analizar informes y debatir propuestas, un proceso de trabajo en el que han contado con la participación de expertos especializados en el área encomendada a cada equipo.

El acuerdo unánime alcanzado en la Conferencia de Presidentes para repensar el modelo de desarrollo de Canarias pone sobre la mesa de estos grupos de trabajo tres desafíos prioritarios: la democratización o redistribución de la riqueza en el sector turístico; la transparencia en la ordenación del territorio; y la aplicación de una estrategia para el reto demográfico que contribuya a garantizar un crecimiento sostenible y ordenado que garantice la convivencia entre el turista y el residente.

Con estos tres ejes de trabajo, los cinco equipos se dividen en ‘Transparencia en la protección y el desarrollo del territorio’; ‘Acceso a la vivienda’; ‘Fiscalidad y empleo en el sector turístico’; ‘Protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua’; y ‘Reto demográfico’ como mesa trasversal.

En estas mesas o equipos han participado más de 100 personas entre representantes de todas las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario, cabildos y ayuntamientos, a través de la FECAM, tercer sector y expertos del ámbito privado, público y académico, que han tenido la oportunidad de compartir conocimiento y aportaciones a lo largo de los últimos cinco meses.

Situación de la inmigración

Por otro lado, tras el encuentro de este lunes se ha informado de que el Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias, Candelaria Delgado, dirigir un requerimiento al Gobierno de España y a la Administración General del Estado para que cumpla con las obligaciones constitucionales y garantice la solidaridad territorial económica en materia de acogida y protección de menores migrantes no acompañados. Así, El Ejecutivo regional insta al Estado a asumir el coste del exceso de acogida y protección de estos menores que viene soportando Canarias, que hasta este momento asciende a 157,1 millones de euros, además de los gastos sanitarios y de educación.

En el escrito se señala que el citado requerimiento se dirige al Consejo de Ministros porque “corresponde al Estado cumplir el mandato del artículo 138 de la Constitución Española de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad territorial consagrado en el artículo 2 de la Constitución”.

En esta línea, según explica el Ejecutivo en su nota de prensa, el texto recoge que “existe un deber constitucional y legal de garantizar el principio de solidaridad consagrado en los artículos 2 y 138 la Constitución Española (CE), atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, como es el actual caso de Canarias. La garantía del principio de solidaridad en materia de flujos migratorios tiene dos aspectos de equidistribución de cargas y responsabilidades: el primer aspecto consiste en la garantía de que se comparte la prestación de acogida y protección de los menores entre todos los territorios del Estado que tienen iguales competencias en esta materia; y el segundo, la garantía económica del Estado para sostener el coste de esta solidaridad, para evitar los desequilibrios económicos territoriales”. A juicio del Ejecutivo regional, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones, razón que ha motivado este requerimiento y las reiteradas solicitudes de que se modifique la Ley de Extranjería.

Asimismo, en el documento se recuerda que desde el pasado 1 de agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes a las islas, lo que ha derivado la adopción de una amplia batería de medidas excepcionales para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados. No obstante, desde octubre del pasado año, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, “desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos”.

Por último, el Gobierno de Canarias reitera su plena disposición para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la acción de todos los poderes públicos.