El Parlamento aprueba la propuesta de AHI para la aplicación del descuento de residente a los hijos de divorciados que viven en la Península
El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles con la abstención del Grupo Socialista la proposición no de ley presentada por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, para solicitar al Gobierno de España la inclusión de los hijos menores de edad de padres divorciados que viven en la Península como beneficiarios del descuento de residencia al transporte regular de viajeros. Es una iniciativa que no es nueva. De hecho, en la pasada legislatura el entonces parlamentario por Lanzarote Jesús Machín trató de que saliera adelante la idea, una idea que surgió precisamente de un padre lanzaroteño que colabora desde hace años en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio, Eduardo Álvarez. Entonces no hubo manera de que prosperara algo que parece más que razonable y más que justo y que afecta en estos momentos a muchas más personas de las que podría parecer.
Acosta, según ha informado su grupo en nota de prensa, defendió la propuesta en función de los enormes beneficios sociales que tendría la medida en contraposición al limitado impacto económico presupuestario que implicaría su puesta en marcha.
El diputado herreño recordó que, por ejemplo, para esta Semana Santa un billete ida y vuelta Madrid-Tenerife está en los 600 euros, una cantidad que se incrementa en el caso de los menores cuyos progenitores residen en una isla no capitalina, puesto que este trayecto tampoco está contemplado en el descuento.
“Si el gasto es enormemente impactante para el bolsillo de un ciudadano medio de nuestras Islas, peor es el impacto emocional que tiene en un niño o una niña perder el vínculo con uno de sus progenitores, con sus abuelos o con su propia tierra”, señaló el diputado.
Acosta recuerda en su propuesta que ni la ley ni los decretos que regulan la subvención al transporte regular marítimo y aéreo para los residentes han dado respuesta a esta casuística, que afecta a un importante número de menores de edad.
El hecho de que estos menores tengan su residencia administrativa en la península les inhabilita como beneficiarios de la subvención, lo que dificulta enormemente la relación con su otro progenitor.
El parlamentario recuerda que una de las labores fundamentales de la Administración pública debe ser la de promover políticas y acciones que favorezcan un desarrollo integral de los menores, tal y como consagra la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.