Sanidad destina más de 4,1 millones de euros al servicio de cocina del Hospital Molina Orosa
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes por la mañana a la Consejería de Sanidad a destinar 4.102.189,73 euros a la contratación del servicio de cocina del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa y su edificio polivalente anexo. El objetivo de esta contratación, según ha explicado el Ejecutivo autonómico tras el encuentro en nota de prensa, es ofrecer a los pacientes ingresados en el centro hospitalario una alimentación equilibrada, acorde a las prescripciones médicas pautadas y que repercuten de manera directa en la mejora de la salud de las personas ingresadas.
La licitación de este servicio de comidas diarias de ambos centros engloba las anualidades 2024, 2025 y 2026.
El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa sirve alrededor de 22.000 comidas al mes (desayunos, almuerzos y cenas) a una media de 5.500 pacientes.
Medidas de vivienda
Además de este asunto, ha habido un tema estrella que tiene que ver con uno de los principales problemas que afectan a los canarios. El Consejo de Gobierno, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado también la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago.
La nueva norma, según explica el Ejecutivo en nota de prensa, contiene dos grupos de iniciativas importantes: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.
A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto contempla todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.
Además, determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.
La Consejería ha trabajado esta propuesta junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.
En este sentido, el decreto ley reafirma el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias, derivada, en primer lugar, de la crisis inmobiliaria de 2008 y, también, por la pandemia de la COVID-19; y se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.
Optimización y recuperación de recursos
La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en suelos antropizados, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas. No obstante, seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública
En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.
Asimismo, el decreto recoge la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.
Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.