Los alcaldes socialistas exigen a Oswaldo Betancort la recuperación inmediata de los Planes de Cooperación Municipal
Los alcaldes socialistas de Lanzarote han anunciado este domingo en nota de prensa que llevarán iniciativas a todos los plenos municipales para exigir a Oswaldo Betancort la recuperación de los Planes de Cooperación Municipal, una herramienta que consideran fundamental para garantizar la inversión y el equilibrio territorial en la isla.
La decisión de eliminar estos planes, según expone el Partido Socialista (PSOE) en nota de prensa, no sólo supone un retroceso en la cooperación institucional, sino que vulnera lo establecido en la Ley de Cabildos, que obliga a las corporaciones insulares a garantizar una distribución equitativa de los recursos entre los municipios. "Suprimir estos fondos rompe con un modelo de colaboración eficaz y transparente que permitía atender necesidades reales en cada localidad, al margen del color político de sus gobiernos", argumentan.
La formación socialista dice que "es importante recordarle al presidente del Cabildo que gobierna para todos los ciudadanos de Lanzarote, independientemente del color de sus gobiernos". "Con esta medida no se castiga a los gobiernos municipales, ni a los alcaldes del PSOE, sino a los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé, Tías o Haría, donde las consecuencias se traducirán en un freno al desarrollo y en menos inversión en servicios esenciales para la ciudadanía”, apuntan.
El PSOE denuncia que “la ausencia de criterios objetivos en la asignación de recursos insulares abre la puerta a decisiones marcadas por la arbitrariedad. Aunque Coalición Canaria esté acostumbrada a gobernar a golpe de favores y amiguismos, la ley está para cumplirse, y la ciudadanía de Lanzarote debe ser tratada en igualdad de condiciones, viva donde viva".
Con la presentación de estas iniciativas, los alcaldes socialistas exigen que se corrija una decisión injusta e injustificada, que debilita la cooperación institucional, incumple la legalidad vigente y rompe con los principios de equidad y responsabilidad que deben regir el reparto de los recursos públicos.